Caracas/EFE/AP/AFP
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, admitió este domingo que ha habido “excesos policiales” en las protestas que se desarrollan en el país desde inicios de febrero contra el gobierno de Nicolás Maduro, y aseguró que estos funcionarios están siendo investigados.
Sin embargo, Ortega reclamó que desde la oposición “ha habido un ataque desmedido a la Guardia Nacional Bolivariana” (GNB, Policía militarizada) y resaltó que dentro del grupo de guardias señalados están tres policías del municipio caraqueño de Chacao, donde gobierna la oposición. Agregó que hay 15 funcionarios policiales detenidos, señalando que eso indica “que sí hay intención de castigar esos hechos”.
31 MUERTOS OFICIALMENTE
Ortega mantuvo que la cifra de fallecidos en estas protestas es de 31, “de los cuales seis son funcionarios públicos, entre ellos un fiscal del Ministerio Público” y cuatro son de la GNB.
450 personas han sido heridas en medio de las manifestaciones según cifras del Gobierno.
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“Sin duda hace falta un testigo de buena fe porque nosotros no confiamos en el Gobierno y, a juzgar por lo que dice el Gobierno, no confía en nosotros, entonces un tercero de buena fe que garantice, que facilite y, si es necesario, que medie, eso parece una cosa sensata”, dijo el secretario de la MUD Ramón Guillermo Aveledo.
El dirigente opositor reiteró durante una entrevista al canal privado Televén que la idea de esta mediación es “una cosa lógica, si queremos que en este país haya un diálogo constructivo y creíble”.
Apuntó que la misión de cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) que visitará al país esta semana para “acompañar” el diálogo político debe tener en cuenta todos los pronunciamientos hechos por la comunidad internacional sobre la situación del tema y que “en su mayoría“, asegura, han sido críticos.
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Días después de la marcha contra el Gobierno, el 12 de febrero, que terminó con tres muertos, la Fiscalía informó de la detención de cinco funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) por su presunta vinculación con dos de esas muertes.
DENUNCIAN TORTURAS
Alfredo Romero, director del organismo no gubernamental Foro Penal Venezolano, presentó recientemente a la Fiscalía presuntas pruebas de que 59 de los centenares de detenidos en las protestas fueron torturados y recibieron tratos inhumanos de algunos funcionarios de seguridad del Estado o por civiles armados o “colectivos”.
Según líderes de la oposición, los grupos armados conocidos como “colectivos” son utilizados para intimidar y disolver manifestaciones de la oposición. Las autoridades han rechazado estos señalamientos y culpan a la oposición por las muertes.
El sindicato de trabajadores de prensa denunció ayer que más de 120 periodistas, incluidos extranjeros, fueron agredidos mientras cubrían las protestas, algunos detenidos, y decenas de ellos robados.
Marco Ruiz, secretario general del sindicato, encabezó ayer una concentración frente a la sede de la comandancia de la Guardia Nacional en Caracas. Ruiz señaló también que los opositores al Gobierno han golpeado a los reporteros.
El jefe del Comando Regional de Caracas, Manuel Quevedo, reconoció los excesos y se prometió “minimizar focos de violencia en contra de periodistas”. El comandante general de la Guardia Nacional, general Justo Noguera Pietri, aseguró que “hay prohibición para detener periodistas a nivel nacional”.
MÁS MUERTOS
Ayer, el gobernador oficialista de Mérida, Alexis Ramírez, reportó la muerte de Juan Orlando Labrador de 39 años en un enfrentamiento entre manifestantes y policías. Labrador “fue herido (de bala) en el hombro izquierdo y llegó sin signos vitales al Hospital Universitario de Los Andes”, informó Ramírez.
El sábado se reportó la muerte de un transportista en San Cristóbal, (Táchira). El alcalde encargado, Sergio Vergara, atribuyó la responsabilidad “a grupos colectivos que están acompañando la acción de los cuerpos de seguridad”, durante una “arremetida” en los barrios Sucre y Libertador, aunque señaló que no conocía con exactitud los detalles. El diario El Carabobeño, de Carabobo, reportó ayer la muerte de Argenis Hernández, de 26 años, tras ser herido de bala por un motorista que le disparó en el municipio de San Diego.
Más de 1,700 personas han sido detenidas en las protestas, 121 están aún en prisión según reportes.
“Sin duda hace falta un testigo de buena fe porque nosotros no confiamos en el Gobierno y, a juzgar por lo que dice el Gobierno, no confía en nosotros, entonces un tercero de buena fe que garantice, que facilite y, si es necesario, que medie, eso parece una cosa sensata”, dijo el secretario de la MUD Ramón Guillermo Aveledo. El dirigente opositor reiteró durante una entrevista al canal privado Televén que la idea de esta mediación es “una cosa lógica, si queremos que en este país haya un diálogo constructivo y creíble”.
Apuntó que la misión de cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) que visitará al país esta semana para “acompañar” el diálogo político debe tener en cuenta todos los pronunciamientos hechos por la comunidad internacional sobre la situación del tema y que “en su mayoría“, asegura, han sido críticos.
Luisa Ortega, fiscal de Venezuela en una entrevista al canal Televén.
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