En veinte años, Nicaragua ha pagado 1,279 millones de dólares a reclamantes estadounidenses, los cuales fueron confiscados por el gobierno sandinista en los años ochenta. Ese dinero ha salido del Presupuesto de la República, afectando sensiblemente los fondos de los ministerios de Salud y Educación, lamentó el diputado opositor Carlos Langrand, miembro de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional.
Explicó que como Estados Unidos tiene presencia en todos los organismos multilaterales de préstamos, ya no podrán hacer ninguna objeción para que Nicaragua pueda acceder a estos.
El diputado Carlos Langrand afirmó que esto abona a un “buen clima” de inversión. Además se envía un mensaje de que se está haciendo un esfuerzo para darle seguridad al inversionista.
Sin embargo, todavía están las amenazas de invasión de tierras, los problemas en las zonas costeras, y los trámites engorrosos en el registro de propiedad, así como la corrupción en el Estado, “por lo que se debe trabajar más en esto”, recomendó Langrand.
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Esto fue reforzado por el exprocurador Alberto Novoa, quien expresó que “no es justo” que el pueblo pague por aquellas personas que “piñatearon” casas y grandes terrenos.
Indicó que lo correcto hubiese sido que hicieran un arreglo directo con los reclamantes y pagaran su deuda; sin embargo, al final fue el Estado quien asumió la deuda, a través de los Bonos de Pago por Indemnización (BPI).
Novoa señaló que gran parte de los reclamantes son nicaragüenses nacionalizados en Estados Unidos, quienes dejaron el país producto de la guerra de los años ochenta. Indicó que ahora nos toca a todos pagar, a través de las recaudaciones fiscales y captaciones de ingreso que tiene el Ministerio de Hacienda.
FUE UN ABUSO
El diputado Langrand calificó como un abuso que el Estado de Nicaragua tuviese que asumir el tema de la piñata, el que en un primer momento tuvo un alto contenido social de demandas de tierras para campesinos, pero que al final se convirtieron en negocios privados de los allegados al gobierno sandinista, quienes confiscaron grandes propiedades y zonas costeras de gran valor económico.
ALLEGADOS AL SANDINISMO
“Luego de esto se da la compra y venta de propiedades, donde el Estado nicaragüense tuvo que asumir los bonos de indemnización”, explicó Langrand.
Al igual que Novoa, el diputado opinó que el Estado debió obligar a que los “piñateros” pagaran por estas propiedades, ya que ellos no cabían en los beneficios que se le dieron a cooperativas de campesinos y pequeños productores.
“La mayoría de estas personas que se aprovecharon de estas tierras y propiedades están ligadas al Gobierno, ya que la ‘piñata’ se da en el primer periodo del gobierno sandinista. Ellos debieron pagar los bonos de indemnización”, concluyó Langrand.
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