Por Amalia del Cid
El partido que llegó al poder por las armas, lo entregó por los votos. Contra todo pronóstico, encuestas y arreglos, el 25 de febrero de 1990 el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se estrelló contra el “no” rotundo de los nicaragüenses. Fiel a los números y a la voluntad popular, el presidente de aquel Consejo Supremo Electoral (CSE), Mariano Fiallos Oyanguren, declaró perdedor a Daniel Ortega, el candidato de su propio partido. Eran los buenos tiempos del poder electoral.
Dieciocho años más tarde, en los comicios municipales del 9 de noviembre de 2008, la historia de un CSE cada vez menos respetable dio un drástico giro de cangrejo. El FSLN estaba de nuevo en el poder y aunque con otros magistrados, el órgano electoral era el mismo. Sin embargo, los resultados fueron muy distintos. Para empezar, cambió la forma de calcularlos, esta vez se utilizó una que desconocía la matemática básica.
De alguna manera se contaron 400 votos a cero en cinco o seis Juntas Receptoras de Votos (JRV), donde solo aparecían 120 ciudadanos, recuerda Roberto Courtney, director ejecutivo del organismo Ética y Transparencia (EyT). Además, agrega, no se publicó el resultado de más del 20 por ciento de las JRV, donde históricamente les iba mejor a los partidos de oposición y “se cambió el resultado en unas 40 municipalidades”.
De esa forma, el CSE retrocedió 61 años en la historia de los comicios nacionales y se convirtió en un organismo que según el historiador Bayardo Cuadra solo es comparable con el que presidía Modesto Salmerón, en las elecciones fraudulentas de 1947. Gracias a las particulares matemáticas de Salmerón el resultado se invirtió completamente y el doctor Leonardo Argüello, candidato de Anastasio Somoza García, le ganó al opositor Enoc Aguado.
Desde el 2008, el CSE ha seguido acumulando pecados. Diputaciones revocadas arbitrariamente o devueltas a conveniencia del partido gobernante, personerías jurídicas de partidos opositores eliminadas, elecciones fraudulentas y resultados jamás publicados son algunos de los “crímenes” que actualmente lo tienen en la mira. Se destaca como un órgano cuya renovación es clave si se quiere lograr algo de institucionalidad en las cercanas elecciones de funcionarios públicos.
Las elecciones municipales de 2008 estuvieron llenas de anomalías. Arriba de 200 Juntas Receptoras de Votos (JRV) tenían más votos que votantes de acuerdo con los datos publicados por el propio CSE, señala Roberto Courtney, director ejecutivo de Ética y Transparencia (EyT).
En las elecciones regionales de 2010, “hubo municipios enteros en los que había más votos que votantes”, afirma Courtney. El Consejo Electoral Regional, dice, daba datos que distaban de los enviados por el Consejo Electoral Municipal.
En las presidenciales de 2011, en un 25 por ciento de las JRV, no había fiscales opositores o estos fueron expulsados, apunta Courtney. De tal forma, agrega, que 10 diputaciones del Frente Sandinista fueron “clararamente logradas” manipulando los votos en esas juntas.
Aunque según muchos juristas es una función que no le compete, el CSE se ha adjudicado el derecho de quitar diputaciones. El 21 de junio de 2013 la diputada sandinista Xochilt Ocampo recibió una notificación del CSE informándole de su destitución, días después de que decidiera no votar, ni a favor ni en contra, de la Ley de Concesión del Canal Interoceánico. El 26 de julio fue el turno del diputado Agustín Jarquín Anaya, por haber abandonado la bancada sandinista. Ambas resoluciones fueron acatadas dócilmente por la Asamblea Nacional.
El CSE ha cancelado y devuelto a su gusto las personerías jurídicas de los partidos de oposición para “castigar” o “premiar”. Del 2008 a la fecha han sido revocadas, entre otras, las del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), el Partido Conservador (PC) y el Partido Unión Demócrata Cristiana (UDC). “Por no cumplir con los requisitos especificados en la Ley Electoral”.
En mayo de 2010 le regresó la personería jurídica al PC y la diputación a su presidente, Alejandro Bolaños Davis, a quien se la había retirado por conservar la nacionalidad estadounidense. En las elecciones municipales de 2012 el partido logró apenas el 0.6 por ciento del total de los votos para alcaldes y vicealcaldes, según datos del propio CSE.
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¿Cómo es que aquel CSE de 1990 se convirtió en el que vemos ahora? Según Courtney, en el proceso de descomposición es relevante la toma del cardenal Miguel Obando y Bravo como “rehén” del FSLN. “Es el gran golpe del Frente Sandinista”, dice, “el gran momento en la captura de las instituciones del Estado”.
Corrupción
Ese 1 de octubre de 2002 Daniel Ortega, líder del FSLN, se presentó en el despacho del cardenal Obando y Bravo. Hablaron por varias horas, no se supo de qué, pero esa fecha marca un antes y un después en la relación del sacerdote con el partido rojinegro, que de crítico pasó a ser aliado del orteguismo. Así se señala en el reportaje “La conversión del cardenal”, publicado por Domingo en agosto de 2008.
Cinco meses antes de esa reunión en un diario nacional se publicó una investigación donde la Comisión de Promoción Social Arquidiocesana (Coprosa), dirigida por Roberto Rivas Reyes desde 1981, resultó involucrada en numerosos actos de corrupción.
Entre otros delitos, se señalaba a Rivas de usar Coprosa para introducir bienes sin pagar impuestos y cobrar varios miles de dólares en concepto de salarios para religiosos. A la vez, era acusado de haber entregado 25 mil dólares del CSE a monseñor Eddy Montenegro. Pronto tendría que enfrentar la justicia.
Pero ese 1 de octubre el escenario cambió. Dos días después Rivas, a cuya familia es muy cercano el cardenal Obando y Bravo, fue reelegido por unanimidad como presidente del poder electoral y quedó libre de responsabilidad penal.
“Esto pasa en un momento en que el CSE está cuatro a tres contra el FSLN, porque el presidente vota del lado liberal”, apunta Courtney. El arreglo, lamenta, fue “no solo no vas a enfrentar juicio, también podés seguir haciendo lo que estabas haciendo, nada más que ahora tenés que contar a como yo digo”.
Más convertidos
Hubo un tiempo en que había voces disonantes a lo interno del CSE. Por ejemplo, la de Luis Benavides. El funcionario llegó por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), cuestionó públicamente los resultados imposibles de las elecciones del 2008 y pronosticó que en los comicios regionales del 2010 también habría fraude. Se mostró digno y cuando en febrero del 2010 venció su cargo, entregó su oficina, pese al “decretazo” gubernamental que le permitía permanecer de facto en sus funciones, como desde un inicio lo hicieron los otros magistrados.
Muchos creyeron que estaban frente a un ejemplo del comportamiento que todo funcionario debería tener. Pero el espejismo duró poco. Por un asunto de “conciencia”, en junio Benavides volvió al CSE. Arnoldo Alemán, presidente honorario del partido, dijo entender el porqué de esa “traición a la democracia y al partido”: “la calle está dura”.
Más tarde, fuentes del poder electoral revelaron que la conversión de Benavides, quien no volvió a decir “esta boca es mía”, costó, entre otros beneficios, cuatro meses de salario retroactivo. Es decir, afirmaron, unos 20 mil dólares.
Benavides no quiso hablar con Domingo , aunque se le llamó por teléfono y se le buscó en las oficinas del CSE. A la fecha, tampoco el PLC responde por los magistrados liberales que se plegaron al partido gobernante. “Honestamente, yo te digo algo: qué voy a saber yo de sus actitudes y comportamientos. Lo único que sé es que ellos entraron como PLC y entiendo que son PLC”, dice María Haydeé Osuna, presidenta del partido.
“A nosotros también nos come la curiosidad. Ellos se han alejado y tenemos que reconocerlo, porque es una realidad evidente”, replica Jorge Irías, secretario nacional de comunicación del PLC. Según él, Benavides y José Marenco todavía forman parte del partido porque en el PLC no existe la figura de la expulsión y los magistrados de facto no han presentado cartas de renuncia.
Con todo, aunque en palabras de Irías ahora el partido “ni suma ni resta”, el PLC está preparando candidatos para estas elecciones. Pero, eso sí, el secretario aclara que no ponen “absolutamente las manos al fuego por nadie”.
Con Rivas o sin Rivas
Con varias elecciones escandalosamente fraudulentas a cuestas, aviones, mansiones, yates e isleta privada, Roberto Rivas está en el centro de las discusiones de cara a la elección de funcionarios públicos. Es un “icono de la corrupción” del CSE, ha dicho Alberto Lacayo, segundo jefe de la Bancada del Partido Liberal Independiente (PLI). Pero aún no está claro si los partidos minoritarios apoyarán o no su reelección.
Para Courtney, no es que el CSE sea más o menos deficiente que muchas otras instituciones del Estado, lo que sucede es que “su trabajo es más vergonzosamente público”. “Si la Contraloría se hace la loca con una investigación nadie se termina de dar cuenta. Si el Consejo se hace el loco con el 25 por ciento de los votos del país es mucho más difícil de esconder”, explica.
Así las cosas, el dilema está entre “la belleza del descaro” del actual órgano electoral y la posibilidad de uno que solo aparente independencia partidaria, considera el director de EyT. A su juicio, “dentro de un cierto realismo político no se ve ningún espacio para crear una autoridad neutral, independiente, justa y ecuánime”. A lo sumo, afirma, se está abriendo un pequeño espacio que podría permitirle a la oposición tener un “pie dentro” del CSE.
“La posibilidad que se abre es la de introducir un elemento bipartidista a instituciones que por hoy son oficialistas. ¿Eso es lo ideal? Por supuesto que no”, analiza Courtney. Sin embargo, agrega, “una voz minoritaria pero valiente puede significar una mejora, aunque esté lejos de ser lo ideal”.
En 1990 Mariano Fiallos Oyanguren tenía instrucciones claras de aparecer a las 7:00 de la noche para leer unos primeros resultados que dieran al FSLN una victoria de cuatro a cero, con 100 votos de diferencia en cada mesa, reconoce Dionisio Marenco, exalcalde de Managua, en una charla transcrita y publicada por la revista Envío en septiembre de 2008. Nada de eso pasó.
Solo Fiallos Oyanguren tiene el mérito de haber dirigido unos “comicios transparentes, con los que todo el mundo estuvo de acuerdo”, afirma el investigador Oscar René Vargas. Cada quien decide de qué forma desea pasar a la historia.
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