Fernando Bárcenas
El orteguismo, como fenómeno de dominación, que incide regresivamente en el desarrollo de la nación, merece una caracterización científica por obra de la teoría política revolucionaria.
Los 54 funcionarios estatales con cargos vencidos, algunos de ellos con más de cuatro años de insolvencia jurídica, han permanecido en funciones por capricho del gobernante, mediante decreto del 3 de marzo del 2010. Al improviso, el pasado 28 de marzo, se ha convocado en la Asamblea Nacional la elección de los cargos vencidos, para culminar con los nombramientos, a mata caballo, antes de Semana Santa. Proceso expedito, ciertamente, gracias a que en la Asamblea, sobre un total de 92 diputados, Ortega cuenta con una aplanadora de 62 sumisos diputados sandinistas, por lo que este órgano legislativo se limita, únicamente, a ratificar órdenes que Ortega suele imponerle discrecionalmente.
A pesar de que Ortega dispone mantener en sus puestos a personajes particularmente corruptos, con tal elección el dictador cierra de un portazo la apertura que dejaba visible la falsa institucionalidad de este régimen (a fin de que dentro de cada institución todo siga como está).
Alguien, con ingenuidad, afirma que así se habrá restablecido la institucionalidad del país. Como si la forma y no el contenido fuese lo esencial en la estructura política de la sociedad. Basta que permanezca en su puesto Roberto Rivas, para que su enjuiciamiento sirva de consigna para una revolución.
La paradoja elemental o, si se quiere, el ridículo, es que el monarca absolutista intente volver constitucionalista el absolutismo.
El constitucionalismo, por principio intrínseco, es decir, por su propia naturaleza, históricamente desmonta el absolutismo. De tal forma, que lo que emane del poder en provecho propio, incluso por reformas a la Constitución, es anticonstitucional a priori. Y es causa legítima de rebelión contra tal poder de parte de los ciudadanos.
Desde la óptica de la oposición formal, pareciera que con la elección de funcionarios con cargos vencidos, una reivindicación de “gran peso” haya sido conquistada. Sin embargo, con dicha elección, Ortega antes que retroceder un milímetro ante la fuerza opositora, de hecho ha terminado por barrer todo vestigio de independencia, con base a pequeños puestos estatales. Los opositores parlamentarios, como un forúnculo, han sido reabsorbidos por la dictadura.
Con el argumento que en política no hay que dejar espacios vacíos, los opositores se colocan el birrete de capirote en la cabeza.
Guiseppe Tomasi di Lampedusa, escribe en el gatopardo: “Si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie”. El gatopardismo corresponde tanto a la actitud del Cosep como a la de los opositores formales, que cínicamente se adaptan al modelo dictatorial de dominación, para conservar u obtener privilegios dentro de un Estado acogedor, cada vez más abrumado de serviles y corruptos.
¿Es una dictadura el régimen orteguista? Hay quien — por extraño que parezca— considera una torpeza llamarle así. Como si la dictadura deba alcanzar el valor de una fórmula química, que determine la proporción exacta de represión policíaca y de opositores políticos perseguidos y encarcelados. Una dictadura no es más que la pérdida de derechos formales para un sector social. De manera que admite distintas fases entre una supresión preventiva de derechos y una represión brutal, dependiendo del enfrentamiento entre las clases sociales, respecto a la contradicción en curso.
El orteguismo es un fenómeno en desarrollo y cambio. El bonapartismo, que le es propio, ha pasado del gobierno de una capa burocrática que, en nombre de los obreros y campesinos, se eleva encima de la sociedad, en los años ochenta; a una capa burocrática que en nombre de la oligarquía, a partir del 2007, se eleva en el poder por encima de la sociedad. Ahora, el bonapartismo orteguista, como aparato que reprime la movilización autónoma de las masas por reivindicaciones propias, incorpora al poder a los empresarios, evolucionando así, a partir de 2014, hacia una dictadura corporativa de carácter fascista.
El tripartismo es la forma ilusoria que asume la ideología rústica del fascismo en Nicaragua. Lo importante es percibir no solo el carácter de clase y las alianzas que sostienen al régimen de Ortega, en cuanto a la evolución del escenario de la lucha, que se trasladada fuera del parlamento en la coyuntura actual. El autor es ingeniero eléctrico.
