Ortega inició su gobierno, en 2007, en mejores condiciones macroeconómicas que cualquier otro presidente de Nicaragua en las tres décadas precedentes.
En efecto, a inicios de 2007 no había déficit fiscal; la inflación se había reducido a un dígito; la inversión privada había venido creciendo, modestamente si se quiere, pero cada vez a mayor ritmo; había una enorme cartera de proyectos de inversión pública con financiamiento disponible, principalmente en las instituciones financieras multilaterales; y la gigantesca deuda externa se había reducido, a través de renegociaciones y condonaciones que se iniciaron en el gobierno de Violeta Chamorro, al extremo que en esta nueva etapa de gobierno de Ortega el servicio de esa deuda ha andado alrededor del 8 por ciento del presupuesto nacional, es decir una cifra muy pequeña; y la economía estaba creciendo a un ritmo cercano al 5 por ciento anual.
En adición a esas excelentes condiciones macroeconómicas, Ortega se sacó el premio mayor en dos loterías. Primero, el financiamiento venezolano que ha representado en promedio 600 millones de dólares anuales, es decir alrededor del 7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Dado el bajo monto del servicio de la deuda externa, lo anterior significa que durante estos años de Ortega se ha recibido más cooperación externa neta por habitante, que en cualquiera de los gobiernos anteriores. No poca cosa. La otra lotería, es que por primera vez en nuestra historia hemos tenido un boom sincronizado de los precios de todos nuestros productos de exportación, lo que ha representado ingresos extraordinarios para el país y los productores.
Desde luego, se heredaron enormes rezagos, principalmente en términos de pobreza, informalidad en el empleo, baja productividad y consecuentemente bajos salarios; también limitaciones en la cobertura y calidad de la educación y la salud. Lo que sostenemos es que Ortega heredó un país en circunstancias que permitían una acometida a fondo de esos rezagos, lo que no ha ocurrido en absoluto.
No cabe ninguna duda que Ortega ha sido muy exitoso en concentrar poder. En términos de un proyecto de poder por el poder, de poder por el dinero, y del dinero para el poder, ha sido extremadamente exitoso. Pero hasta ahí su éxito, porque en términos de crecimiento económico, apenas un par de décimas arriba del crecimiento de los tres años precedentes a su gobierno, y de remoción de los obstáculos estructurales al desarrollo, el gobierno de Ortega ha sido un total fracaso.
Hay que decir las cosas por su nombre, porque hay apologetas del orteguismo que, veladamente en público, y abiertamente en privado, quieren vender la idea que no importa el “costo democrático” del gobierno de Ortega, porque al fin de cuentas la economía anda bien.
Pues no anda bien. El economista Adolfo Acevedo publicó esta semana en LA PRENSA un artículo en el cual señala, en base al último anuario estadístico del Banco Central de Nicaragua, que durante los siete años de gobierno de Ortega la inversión privada se ha desplomado, pasando del 26 por ciento del PIB en 2007 a 16.2 por ciento en 2013. Eso es desplome, no simple caída.
Como al mismo tiempo la inversión privada extranjera ha crecido, pasando del 5.3 por ciento del PIB al 8.5 por ciento, el desplome de la inversión privada total se explica porque la inversión privada nacional pasó del 20.7 por ciento del PIB a solamente al 7.7 por ciento.
Muchos son los factores que explicarían ese desplome. Entre otros, como bien lo cita Acevedo, la ausencia de instituciones financieras de fomento, pero es el caso que sin esas instituciones la inversión privada nacional venía creciendo.
Que mientras la inversión privada nacional se desploma la extranjera crece —y parte de ella es nacional que se disfraza para buscar amparo— se explica porque tiene la protección de sus gobiernos y de instituciones internacionales. No es el caso de la privada nacional, totalmente expuesta al arbitrio de Ortega.
Si hemos de llamar las cosas por su nombre, el desplome citado se explica fundamentalmente por la falta de confianza jurídica y política en el gobierno de Ortega. La institucionalidad deteriorada. Es decir, estamos viendo el “costo económico” del “costo democrático” de Ortega. El autor fue candidato a vicepresidente de Nicaragua.
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