Rezaye Álvarez M.
En abril de 2011 la Convención de Humedales Ramsar emitió un informe donde favorece a Nicaragua y reconoce el buen estado de conservación del refugio de vida silvestre del río San Juan.
Este informe, el número 72 de esa misión, al que LA PRENSA tuvo acceso, detalla que “se hace necesario el dragado para mejorar la navegación del río San Juan desde el delta hasta su desembocadura en el mar Caribe”.
Así lo declaró la viceministra de Ambiente y Energía de Costa Rica, Ana Lorena Guevara, y la colombiana María Rivera, asesora para las Américas de la Convención de Humedales Ramsar, luego de que una delegación de esta organización visitara la zona en disputa.
No obstante, científicos nacionales desestimaron las acusaciones, ya que “no son aseveraciones sustentadas con explicaciones científicas y son indemostrables técnicamente”.
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Sin embargo, el citado informe de la Misión Ramsar, de Asesoramiento número 72, nunca fue publicado por la organización, solo se lo entregó al gobierno de Nicaragua, quien debía aprobarlo, protestarlo o aclararlo, pero no hizo nada y el documento quedó como no oficial.
Nicaragua presentará el 4 de agosto de 2014 ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya sus alegatos finales por el caso de la construcción de la trocha y este informe bien pudo ser utilizado como una prueba documental oficial por la defensa de Nicaragua.
“ECHABA POR TIERRA” ARGUMENTOS DE COSTA RICA
Según Víctor Campos, subdirector del Centro Humboldt, el Estado en su momento debió aprobar la autorización porque indiscutiblemente es un informe que favorece a Nicaragua y “echaba por tierra” bastante de los argumentos esgrimidos por la parte costarricense.
Entre las recomendaciones que emitió el informe está que “dada la injerencia que los dos países vecinos tienen en y sobre el río San Juan, las actividades humanas en ambos lados pueden afectar al mismo por una ribera y la otra así como en toda la cuenca, por lo tanto, se requiere y recomienda una fuerte cooperación de ambos en un manejo más integrado de las actividades que potencialmente pueden afectar al río así como la gestión integral del mismo”.
Para Campos, si bien nunca se supo las razones por las cuales el Gobierno no autorizó su publicación, “para nosotros eso es una clara demostración del manejo ambiental que se ha hecho, esto se puede apoyar en el asunto de la carretera, porque el informe es contundente sobre la protección que ha habido en la parte nicaragüense en el tramo en que ahora está construida la carretera”.
URGEN ACCIONES CONJUNTAS
El informe 72 además señala la importancia de la cooperación binacional para concretar acciones “para la restauración de la calidad del agua del río San Juan”.
Según Campos, las diferencias entre el informe 69, también elaborado por Ramsar para evaluar el estado del humedal del lado costarricense y donde se publica que Nicaragua cometió “faltas graves al ambiente”, y el 72, donde se reconoce la necesidad de Nicaragua al dragado y otras medidas de protección, son porque Costa Rica sí respondió al informe de la organización y hasta llevó a la delegación a la zona en disputa, mientras Nicaragua ignoró el informe 72.
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