Elízabeth Romero
Mercedes Aguilar, de 34 años, vive desde hace dos años y medio en el barrio Rubén Darío. Desde esa fecha dice: “Nunca he escuchado eso de Comité de Prevención Social del Delito”.
“Se habla de participación de la comunidad, pero no se menciona nada de los Comités”, indicó Cuadra.
“No se recoge una estructura que la Policía ha desarrollado a lo largo de muchísimos años que (son) los Comités de Prevención Social del Delito y que en otro momento han sido clave para el trabajo de la Policía, para orientar mejor sus acciones de prevención con la comunidad”.
Esto llevó a Cuadra a preguntar: “¿Es que eso va a cambiar, van a desaparecer los comités de prevención o cómo se va a construir ese vínculo? o ¿se va a reforzar ese vínculo entre la Policía y la comunidad?”.
[/doap_box][doap_box title=»¿Y la famosa sistematización?» box_color=»#336699″ class=»aside-box»]
En una parte de ese documento se indica: “ (…) el establecimiento de intercambios y colaboración se realiza identificando a los distintos organismos, los líderes, los Comités de Prevención Social del Delito, Instituciones, los pobladores en general, con quienes en una forma de asamblea se valoran los problemas de seguridad y otros problemas sociales en un sector policial”.
Y describe cómo lograr esa interacción: “Los participantes en la asamblea, utilizando la técnica de lluvia de ideas, dan a conocer los distintos problemas, se ordenan por tipos de problemas y se establecen prioridades de respuesta a la población”.
Sin embargo, Luis Castillo, un vecino del barrio Jorge Cassaly, dijo que solo sabe de la existencia de las estructuras partidarias que se activan ante situaciones de emergencia o de elecciones. A él lo asaltaron a inicios de febrero y enfrenta problemas de inseguridad, porque en la noche los delincuentes se esconden en unos tramos de negocios instalados en la entrada del barrio. Pero Castillo no tiene a quién plantear el problema de inseguridad.
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Y esto que según recuerda “era terrible este lugar”. Aunque el barrio ha presentado algunos cambios, que podría ser por la cercanía con la Casa de Los Pueblos, ella prefiere pensar que es por sus invocaciones a Dios, a quien ha implorado que “se lleve la delincuencia”.
En una esquina cercana a su casa había “de todo”, desde consumo de droga hasta asaltos a toda hora del día, según recuerda.
En el barrio vecino, el Cristo del Rosario, un poblador que por temor omitió su nombre, expresó que aunque es poca la delincuencia, pues están detenidos muchos de los considerados “dolor de cabeza” del sector, persisten los consumidores de marihuana al aire libre, quienes causan malestar. Sin embargo, ahí tampoco conocen al jefe policial de sector, como tampoco a los integrantes de un Comité de Prevención Social del Delito.
Ignacia Mendoza, habitante de ese mismo barrio, aclara que todo lo relacionado con el tema de seguridad “es con la política del barrio”, a quien identificó como una activista del partido de gobierno.
William Medal coincidió con Mendoza sobre el tema: “En los gabinetes es donde se encargan de eso”.
Explicó Medal que existen subcomisiones “y allí es donde la Policía llega a reunirse, a deliberar los pros y los contras”, de la seguridad de los habitantes de ese barrio. Pero reconoció que los habitantes no participan.
En el barrio Milagro de Dios, al oriente de la capital, Mayra Rojas Hernández, confirmó que su marido Omar Duarte Sánchez, político de los Gabinetes de Familia, estructuras partidarias del FSLN en todo el país, es quien asume el tema de la seguridad del barrio.
Rojas se quejó del poco apoyo que reciben para la vigilancia y criticó que esto obedece a que supuestamente muchas de estas familias son parientes de las personas que roban. La mujer dijo que la inseguridad les abruma, pues los robos se registran tanto de día como de noche.
El taxista del barrio Jorge Cassaly, Fernando José Mejía Rivera, sostuvo: “Aquí no se habla nada de eso, aquí solo los CPC”. Otros como René Down, quien habita en Waspam Norte, apuntó que todo tipo de problemas ellos los ventilan “con sus responsables de barrio”. LA PRENSA hizo un recorrido por varios barrios de Managua y la experiencia es similar, la seguridad está en manos de los llamados Gabinetes de Familia y pocos conocen a otros actores.
ADVIERTEN RIESGO
La directora adjunta del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), y especialista en temas de seguridad, Elvira Cuadra, advirtió del riesgo de que los problemas de seguridad pública sean ventilados desde los Gabinetes de Familia, por la inclinación y orientación política que puede tener una determinada forma de organización a nivel comunitario. “Es ampliamente conocido que los CPC o Gabinetes de Familia están vinculados al Gobierno”, observó Cuadra.
El director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, recordó que en fechas pasadas ya hay declaraciones públicas de altos jefes policiales que han hablado que el trabajo de la Policía es fortalecido por los Gabinetes de Familia.
Carrión expuso que ya han conocido casos en los que el derecho de una persona a ser protegido se ve en riesgo. Y expuso el caso de una madre con sus dos hijas que fueron atacadas por personas que son miembros del Gabinete de la Familia en un barrio del Distrito Seis capitalino, y que ellas se vieron obligadas a huir de su casa.
El Cenidh acompañó a las víctimas, y según Carrión, conocieron que la Policía, en lugar de investigar lo ocurrido, alertó a los miembros del Gabinete del barrio, que las denunciantes ya habían buscado el acompañamiento de ese organismo.
Es por eso que el defensor de derechos humanos señala que así como a nivel de jerarquía policial se subordinan ante la pareja presidencial y “en lo pequeño lo hacen ante el secretario político del barrio”.
LA PRENSA preguntó al vocero policial, comisionado mayor Fernando Borge, acerca del tema de los Comités de Prevención del Delito, y ofreció consultar para luego explicar, pero no lo hizo.
No obstante, ya en 2011, Roberto Cajina, consultor en temas de seguridad, defensa y gobernabilidad democrática, en el documento Seguridad en Nicaragua, la excepción en Centroamérica, hace alusión que desde finales de 2007, la entonces recién nombrada directora de la Policía, primera comisionada Aminta Granera, ya daba avisos de lo que podría suceder.
Cajina recuerda una declaración de Granera en la que habló sobre una reunión con “la compañera Rosario” en la que habían abordado “cuál era la mejor forma de relacionar el trabajo de la Policía con el trabajo de los Consejos del Poder Ciudadano ( ), el fin es una mejor seguridad ciudadana”.
“Así, los Comités de Prevención Social del Delito, creados y organizados por la Policía Nacional, bajo la genuina relación Policía comunidad, quedaron bajo el control de una estructura partidaria, trocándose esta relación en Policía partido y atentando contra uno de los pilares del modelo policial”, expresa Cajina en el documento.
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