Elízabeth Romero
Ados días de que arribe al país el subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, surgieron nuevas denuncias por supuesto maltrato a los privados de libertad en cárceles del Sistema Penitenciario Nacional (SPN).
Las denuncias están relacionadas con familiares de internos que fueron trasladados a las celdas de máxima seguridad en La Modelo, de Tipitapa, que han recurrido ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) para exponer la situación.
Los parientes de los internos, en su mayoría por narcotráfico trasladados a ese módulo, se quejan de que estos permanecen en un espacio demasiado reducido, con poca ventilación, por lo que respiran por unos pequeños orificios y otros por debajo de la puerta.
Tienen problemas de movilidad y permanecen esposados de manos y tobillos.
Las visitas conyugales las realizan en cuartos con agua estancada, sin inodoros o baños y “nos invaden la privacidad, porque un guardia está al otro lado de la puerta”, denunció Marina Díaz.
El cónyuge de Díaz es oriundo de Honduras, de él solo acepta decir que cumple pena por narcotráfico, pues teme represalias en su contra.
El abogado del Cenidh, Uriel Pineda, refirió que además las denunciantes expresaron que los reos tienen acceso restringido al agua y muchas veces deben escoger entre lavar ropa o bañarse.
A finales de abril pasado, la CPDH presentó un informe final en el que señala que hay hacinamiento e inadecuadas condiciones higiénico-sanitarias, sobre todo en delegaciones policiales de Granada, y los distritos Cinco, Seis y Diez. Esta situación se repite, según la CPDH, en penales de Juigalpa, Granada, Estelí y La Modelo, en Tipitapa. “Los problemas de hacinamiento hacen que sobrepase la capacidad instalada de los centros penales y que las condiciones de insalubridad aumenten”, señala la CPDH en su informe.
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“Estas medidas restrictivas deben estar justificadas a una situación concreta”, manifestó Pineda, quien expresó que cuando se crea una división de máxima seguridad, para remitir ahí a un reo, las autoridades deben tomar en cuenta el nivel de agresividad del detenido, historial en el penal y que este represente un riesgo para otros reos o que él esté en situación de riesgo, como en el caso de los agresores sexuales.
El abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Pablo Cuevas, refirió por su parte: “Ellos hablan de cuartitos de 2×3 (metros de ancho y largo) donde hay dos detenidos, son de metal y puerta totalmente herméticamente cerrada”.
El abogado de la CPDH apuntó que de acuerdo con lo descrito por los familiares, el tipo de estructura que fue construida puede servir para países helados y no para las altas temperaturas que se registran en el país, por lo que las autoridades debieron climatizarlas para que fuesen funcionales. Cuevas consideró como “extremo” el hecho de que los presos sean esposados de las manos y de los pies en esa galería de La Modelo.
A propósito del 150 aniversario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a inicios de abril, varias organizaciones, entre ellas el Cenidh, expusieron el problema de hacinamiento, tanto en las celdas preventivas, como en las cárceles del SPN.
El tema también fue planteado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a propósito de la segunda evaluación a Nicaragua en el Examen Periódico Universal (EPU), este 9 de mayo en Ginebra.
En el informe para el EPU, el Cenidh refiere que ha conocido “múltiples denuncias de tortura en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial y de violencia desproporcional al momento de la detención”. El Cenidh dice que solo en 2012 recurrieron al Cenidh familiares de más de 15 reos que denunciaron torturas.
Y menciona casos de violación de personas detenidas en celdas policiales, tanto por custodias como por compañeros de celdas.
“Algunas de estas conductas quedan en la impunidad”, como ocurrió con el caso de una detenida en el Distrito Ocho de Policía. Los policías responsables, Ariel García Martínez y Samuel Cassanova Mercado, fueron puestos en libertad bajo el alegato de la judicial de que habían dos dictámenes: uno que señalaba violación anal y el otro vaginal, denunció el Cenidh.
Otro hecho señalado fue el de Leonel Santana. El 28 de noviembre del 2011, Santana relató a LA PRENSA que fue víctima de presunta tortura en varias delegaciones policiales, incluida la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como El Chipote. “Los policías con unos garrotes, desnudo te meten a las celdas —son unas celdas oscuras— te meten desnudo, te ponen chivas de cigarro, te ponen en agua y te ponen electricidad, te hacen barbaridades”, relató en esa ocasión.
En ese momento, Santana denunció en el Cenidh que tenía temor por su vida, pues las supuestas torturas tenían como propósito obligarle a firmar documentos y hasta inventar cargos contra dos personas inocentes para implicarlos en un caso de robo seguido de asesinato, ocurrido en San Rafael del Sur.
Santana fue liberado en ese momento, pero extrañamente ahora aparece acusado en la causa número 002757-ORM4-2014-PN por supuesto “almacenamiento de droga” y su causa está radicada en el Juzgado Quinto de Distrito Penal de Juicio.
26 de septiembre del año pasado, la CPDH presentó una iniciativa de ley ante el parlamento para el cierre de la DAJ. La primera comisionada Aminta Granera confirmó que hay un compromiso de abrir las puertas de las celdas al subcomité contra la tortura, no especificó si incluye la DAJ.
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