Elízabeth Romero
Enviada/Ginebra
Por un poco más de tres horas el Estado de Nicaragua, representado por la ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, deberá exponer lo que ha hecho el Gobierno en materia de derechos humanos en el país y responder a las preguntas de 86 representaciones de los estados que se han inscrito para la segunda evaluación del Examen Periódico Universal (EPU) en la 19 sesión del Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que se realiza este miércoles en Ginebra.
Cada representante tendrá 1:30 minutos para preguntar dado la cantidad inscrita y de acuerdo al sorteo establecido será la representación de Estados Unidos a la que le corresponderá preguntar primero y el cierre lo realizará Reino Unido.
Según lo establecido, la lista de los oradores de los diferentes estados es abierta una semana antes y se cierra poco antes del día de la evaluación. De acuerdo a los expertos que trabajan en este organismo, el EPU es un mecanismo considerado como de relevancia política donde los estados que acuden a ser revisados exponen sus avances en materia de derechos humanos.
LA PRENSA brinda cobertura a esta evaluación a través del Programa de Formación de Periodistas de América Latina sobre el sistema internacional de derechos humanos y por invitación de Géneve Ville Soldaire de la ciudad de Ginebra.
Al menos ocho representaciones habían hecho llegar al Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos las preguntas que plantearán al Estado de Nicaragua.
El tema de los derechos indígenas, la mujer y la niñez son algunos de los tópicos recurrentes. Entre estos están la República Checa, que ha formulado por escrito cuatro preguntas y están relacionados con las medidas concretas adoptadas por el Gobierno en relación a la Ley 779, Contra la Violencia Hacia la Mujer, sobre la ilegalidad del aborto en Nicaragua y su criminalización en el Código Penal.
Las preguntas de la representación de los Países Bajos se relacionan a lo que hace el gobierno de Nicaragua en beneficio del sector de la diversidad sexual y en contra de la hostilidad que sufren los defensores de los derechos humanos que abogan por la igualdad de derechos para este sector.
Noruega consultó sobre las medidas adoptadas para implementar las obligaciones adquiridas a través del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relacionada con consultas previas a los pueblos indígenas, autóctonos y afrodescendientes, entre otros, así como los planes previstos para asegurar que niños vayan a la escuela, no trabajen y se les asegure condiciones básicas como educación y salud.
Esta evaluación se extiende hasta el viernes 9 de mayo, cuando la delegación de Nicaragua señalará si acepta o no en su totalidad las recomendaciones que le hagan y que serán recogidas en un informe del Grupo de Trabajo junto a lo que denominan la “troica” encargada de levantar las actuaciones de la sesión.
Nicaragua puede decir que esperará aceptar o no las recomendaciones hasta la sesión de septiembre del Consejo de Derechos Humanos cuando se emite el informe oficial.
Versiones extraoficiales indican que probablemente la delegación encabezada por la ministra de Gobernación aceptará parte de las recomendaciones, y otra las llevará a consulta al presidente inconstitucional de Nicaragua, Daniel Ortega.
