Elizabeth Romero/EFE
Ginebra
La ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, alegó falta de capacidad para recibir en las penitenciarías del país a los reos condenados y el alto índice de hacinamiento en las cárceles lleva a enviar a los detenidos a las celdas preventivas de la Policía y anunció que impulsa obras de inversión por 381.1 millón de córdobas.
Morales asiste junto al embajador alterno ante las Naciones Unidas, en Ginebra Carlos Robelo en la 19 sesión del Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, durante el cual Nicaragua es evaluada por segunda ocasión.
Ante los diversos señalamientos que hicieron diversos representantes de los estados sobre el aborto, Robelo alegó que esto es resultado de la soberanía del país bajo el alegato del derecho a la vida.
Recordó que ya esto se le había señalado a Nicaragua en el anterior Examen Periódico Universal (EPU) en 2010.
El EPU es una evaluación sobre el cumplimiento de las obligaciones con respecto a los derechos humanos a la que están sometidos todos los miembros de las Naciones Unidas.
Minutos antes de rendir el informe, Morales había referido a periodistas nicaragüenses que no existen casos pendientes con la justicia pues todos los casos han sido procesados, manifestó la ministra Morales al señalarle como ejemplo el caso de #OcupaINSS y los 7 vehículos robados el 22 de junio del año pasado durante la agresión a jóvenes y adultos mayores frente a las instalaciones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
LA PRENSA brinda cobertura a esta evaluación a través del Programa de Formación de Periodistas de América Latina sobre el sistema internacional de derechos humanos y por invitación de Géneve Ville Soldaire de la ciudad de Ginebra.
Al corresponder a las delegaciones de los diferentes estados realizar sus preguntas y recomendaciones, la representación de Estados Unidos externó la preocupación entre otras cosas por la erosión a la libertad de expresión, acoso a periodistas, uso excesivo policial, detenciones arbitrarias e impunidad. Entre las recomendaciones efectuadas está que garantice investigaciones creíbles y juzgue a los culpables, el acceso a beneficios a servicios públicos independiente a la filiación política.
Varias representaciones en esta sesión como Uruguay, Costa Rica y República Checa han coincidido en recomendar el pleno ejercicio a la libertad de expresión, pluralidad de los medios de comunicación.
“Australia recomienda a Nicaragua que proteja el derecho a la libertad de expresión y de asamblea”, “Uruguay recomienda continuar desarrollando esfuerzos para garantizar el pleno ejercicio de la libertad de información y expresión, y desarrollar programas de sensibilización sobre la importancia de este derecho humano”, rezaron alguna de las intervenciones.
La representación de Austria por ejemplo, mostró preocupación por el entorno hostil en contra de periodistas y defensores de derechos humanos.
“Nicaragua debería establecer protecciones constitucionales para la libertad de expresión, incluyendo la libertad de prensa, y no debería usar ningún medio administrativo, financiero o judicial para restringir ese derecho”, dijo, a su vez, Estados Unidos.
Otro tema que ha sido recurrente en la recomendación de las delegaciones ha sido que Nicaragua considere la posibilidad de autorizar el aborto en casos de embarazo por incesto o razones de salud, así como la violencia contra las mujeres, y hubo casos como Finlandia que calificó la reforma de la Ley 779, Contra la Violencia Hacia las Mujeres como retrógradas.
En estos momentos han pasado más del 60 por ciento de los representantes de las misiones inscritas de un total de 86.
Estas fueron dos de las peticiones realizadas por varios de los miembros del Consejo que hoy intervinieron durante el Examen Periódico Universal (EPU) de Nicaragua.
LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA ES POLÍTICA DE ESTADO
La ministra de Gobernación de Nicaragua, Ana Isabel Morales, que representó al Gobierno de Nicaragua, respondió que la lucha contra la violencia hacia la mujer “es política de Estado”, y recordó que se reformó el Código Penal para que incluyese el delito de feminicidio y otras formas de violencia contra las mujeres.
“Nicaragua debe insistir en el carácter prioritario que constituye a nivel regional el combate a la violencia contra la mujer”, pidió Chile.
Mientras, Brasil solicitó que se establezca un programa de atención a las víctimas de la violencia machista.
Australia y Uruguay fueron más allá y pidieron acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para todas las mujeres, dada la relación “entre violencia sexual y los derechos reproductivos”, en palabras de Canberra.
Montevideo urgió directamente a Nicaragua a plantearse la posibilidad de establecer el aborto terapéutico cuando la vida de la madre esté en peligro o cuando el embarazo sea fruto de una violación.
La ministra reconoció que su país es el segundo más pobre de América Latina, pero alabó los esfuerzos realizados por el Gobierno nicarag ense, al recordar que la pobreza se ha reducido del 48,3 al 42,5 por ciento de la población, y la pobreza extrema del 14,6 al 8,2 por ciento.
Finalmente, varios países pidieron a Nicaragua que ratifique el Estatuto de Roma, a través del cual un estado se somete a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
