Elízabeth Romero
Anivel internacional Nicaragua aparece como “un país feliz”. Los encargados de esta propaganda son los representantes del Gobierno, que han enviado su informe a nombre del Estado de Nicaragua para la evaluación del Examen Periódico Universal (EPU).
Hoy 7 de mayo Nicaragua será sometida a una evaluación, por segunda ocasión después de cuatro años, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. LA PRENSA está dándole seguimiento en vivo y desde Ginebra, a la evaluación a Nicaragua a través del Programa de formación de periodistas de América Latina sobre el sistema internacional de derechos humanos y por invitación de Géneve Ville Soldaire, de la ciudad de Ginebra.
El informe oficial de Nicaragua, en manos del grupo de trabajo del Consejo de derechos humanos de las Naciones Unidas, habla que se ha mejorado la calidad de vida de los nicaragüenses, a quienes aseguran les han restituido sus derechos, “mediante la estrategia de vivir limpio, vivir sano, vivir bonito, vivir bien, brindando prioridad a los niños, mujeres y jóvenes”.
“Definitivamente que describe a un país que no reconocemos en muchas de las cosas que plantea, incluso alude a encuestas que refieren que Nicaragua es uno de los países donde la gente vive feliz”, manifestó Mauro Ampié, director ejecutivo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Las encuestas a las que se refiere Ampié son las de CID Gallup, que el informe del Gobierno resalta que ubica al presidente inconstitucional Daniel Ortega, en segundo lugar en aceptación a su desempeño en Latinoamérica.
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Igual citan a la británica New Economics Foundation (NEF), que en su índice de “planeta feliz”, ubicó a Nicaragua el año pasado en el octavo lugar de 151 países analizados, “donde su población es más feliz”.
Y hasta repite que según Travel Channel “Nicaragua se caracteriza por su belleza natural y poco impacto ecológico, lo que sumado a que se trata del país más seguro de la región centroamericana, lo ha convertido en un destino atractivo”.
Y el informe termina por seguir resaltando la imagen de Ortega al considerar como uno de los hechos “más relevantes”, referente “a la gobernanza del pueblo de Nicaragua”, la cuestionada elección en la que Ortega se instaló inconstitucionalmente en un segundo período de la Presidencia en 2012.
Sin embargo, esa situación se contrapone con lo expresado por las organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales.
En los informes recogidos por la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a través de un resumen efectuado para tal evento se habla de impunidad, abusos policiales y corrupción.
Para ese resumen, 24 organizaciones enviaron sus informes, como el que realizó el Cenidh, junto a la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), quienes hablan de casos de muertes violentas no esclarecidas. Entre estas mencionan las de los exmiembros de la Resistencia Nicaragüense, José Gabriel Garmendia, alias “Yajob” y Santos Joya Borge, conocido como “Pablo Negro”, en 2011, quienes supuestamente se habían alzado en armas contra el Gobierno, así como muertes y hechos violetos ocurridos en el proceso electoral del 2011.
Estas organizaciones señalan que “para que las violaciones de derechos humanos sean juzgadas como corresponde, se requiere que la administración de justicia sea independiente de la influencia partidaria y que actúe con apego a la Constitución y a las leyes”.
Los informes igual recogen “la impunidad en que quedan las agresiones cometidas por miembros de la Juventud Sandinista y otras estructuras partidarias hacia ciudadanos críticos durante el período reportado”.
Menciona entre estos casos la agresión sufrida por Leonor Martínez, el 22 de octubre del 2009. El hecho quedó en impunidad “y la víctima continúa siendo perseguida”. Otro caso en impunidad —señala— fue la agresión a un grupo de jóvenes que la madrugada del 19 de julio protestaron frente al Consejo Supremo Electoral. Pocos días después una de las participantes en esa protesta Lisette Sequeira, fue secuestrada, y el maltrato que sufrió le causó un aborto. A esto se suma el robo y agresión a los jóvenes de OcupaINSS, por parte de fuerzas “paraestatales” de policías y activistas del FSLN ocurrido el 22 de junio del 2012 cuando apoyaban una protesta de los adultos mayores.
Además —dice Ampié— los tres informes presentados por ellos recoge el maltrato de detenidos en celdas policiales, centros penitenciarios y el entorno “hostil” a la labor de defensa de los derechos humanos, por lo que considera que hay grandes deudas por parte del Gobierno de cara a esta segunda evaluación.
El informe oficial señala que desde el 2007 el Gobierno “ha impulsado una política de Estado que promueve la restitución de los derechos de las mujeres y su participación en el desarrollo”.
Y una vez más, el Estado utiliza el reconocimiento a nivel mundial como fue el de ONU-Mujeres en 2013, que ubica a Nicaragua entre los primeros países del mundo con mayor porcentaje de mujeres en cargos ministeriales y legislativos.
También resaltan la aprobación de la Ley 779, Contra la Violencia Hacia las Mujeres y la reforma a la Ley 641, Código Penal que tipifica el delito de femicidio.
No obstante, Amnistía Internacional señala que las reformas a la Ley 779 efectuadas por la Asamblea Nacional en septiembre de 2013, debilitan la protección ofrecida a las víctimas y facilita la impunidad de los agresores.
Ver en la versión impresa las páginas: 4 A
