Judith Flores
Corresponsal/Miami
Tras nueve años de haber recibido la denuncia por el crimen del excoronel de la Guardia Nacional, José Ramón Silva Reyes, finalmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), respondió.
El caso lo ha remitido al gobierno de Nicaragua, para que responda y presente sus observaciones de la denuncia en un plazo de tres meses.
Los hijos de la víctima denunciaron en junio del 2005, el crimen de su padre a manos del régimen sandinista en la década de los 80, ante la CIDH, una instancia de la Organización de Estados Americanos (OEA), debido a la falta de acceso a la justicia en Nicaragua.
La carta de la CIDH enviada a las partes expresa que la solicitud de información al gobierno de Nicaragua, no constituye prejuzgamiento del caso, la CIDH eventualmente adoptará una decisión sobre la admisibilidad de la denuncia.
“Se les informa que con base en lo previsto en el artículo 40(1) del Reglamento de la Comisión Interamericana, en cualquier etapa del examen de una petición o caso, por iniciativa propia o a solicitud de las partes, la CIDH se pondrá a disposición de los peticionarios y el Estado, a fin de llegar a una solución amistosa fundada en el respeto de los derechos humanos establecidos en la Convención Americana, la Declaración Americana y otros instrumentos aplicables”, dice parte de la misiva enviada por la CIDH.
Para José Ramón Silva Reyes, hijo del excoronel asesinado, la decisión de la CIDH, es significativa después de nueve años. A su juicio el caso ahora se mueve bajo la presión de la denuncia que él y su hermano Anibal, han interpuesto en una Corte federal en el estado de California, contra el presidente inconstitucional Daniel Ortega y una treintena de funcionarios de ese régimen por el crimen y tortura del exmilitar.
Se estima que la Juez que conoce la causa contra Ortega, está próxima a emitir una sentencia sobre la admisibilidad del caso.
“Los motivos por los que la OEA, se tomó tanto tiempo para proceder de acuerdo a los reglamentos de las Convenciones para prevenir, sancionar la tortura y la desaparición forzada de personas, son completamente desconocidos. Creemos que el estado de nuestra demanda civil contra Ortega, sus cómplices y el gobierno de Nicaragua, ha obligado a la OEA a actuar porque la demanda Civil avanza”, dijo Silva Reyes Jr.
La denuncia del caso inicio en el Cenidh en el 2005, pero de acuerdo a Silva Reyes, “ese organismo nunca hizo nada alegando falta de pruebas, doña Vilma Núnez, dio declaraciones sobre el caso a medios de comunicación. Al no haber respuesta en Nicaragua, mi hermano sometió la demanda ante la CIDH”.
“Por el hecho haber sido mi padre militar en el tiempo de Somoza, no le dieron curso a la demanda”, sostuvo Silva Reyes.
El crimen
Tras el triunfo de la revolución sandinista en 1979, el excoronel Silva Reyes, se refugió en la embajada de Guatemala, junto a centenares de guardias. El gobierno sandinista entregó salvaconductos para viajar y asilarse a la mayoría de los exmilitares, excepto a tres, Silva Reyes, Alfonso Lagos y Chester Escobar.
De acuerdo a la investigación realizada por los hijos de Silva Reyes, tras permanecer su padre, Lagos y Escobar, cuatro años refugiados en la embajada de Guatemala, los organismos de la Seguridad del Estado nicaragüense valiéndose de engaños lograron sacarlos de la sede, los capturaron y posteriormente los llevaron a la cárcel de Tipitapa, tiempo después fueron asesinados. Treinta años más tarde, la familia todavía desconoce dónde quedaron los restos de las víctimas.
“Tenemos muy poca información, queremos saber dónde asesinaron y enterraron a mi padre, es un derecho que nadie nos puede quitar, mi padre fue capturado, torturado y asesinado por el régimen Sandinista“, acotó Silva Reyes Jr.