Judith Flores
Corresponsal/Miami
Jaime Chavarría, exjefe de distrito de la alianza Partido Liberal Constitucionalista (PLC), mantiene la demanda contra el gobierno de Nicaragua, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y nombró como su apoderado especial y representante legal ante esa instancia al abogado Álvaro Leiva Sánchez.
El expediente del caso es el número P-826-09, se trata de la denuncia interpuesta por Chavarría y otros tres miembros de su familia contra el gobierno de Nicaragua, a causa de la agresión sufrida el 27 julio del 2008, por turbas sandinistas durante el proceso de verificación en la Junta 313, en Ciudad Jardín (Managua), en el que cuatro integrantes de la familia Chavarría, resultaron seriamente lesionados, uno de ellos estuvo en coma durante nueve días.
Chavarría que se encuentra en Estados Unidos, viajó a Washington, para continuar el trámite. El demandante dijo que en Nicaragua agotó todos los procedimientos legales en busca de justicia; sin embargo, asegura que las instituciones del estado controladas por el presidente inconstitucional Daniel Ortega, han guardado un silencio cómplice y el proceso de investigación nunca avanzó debido a que los implicados en el crimen son activistas y funcionarios del actual régimen.
La demanda en la CIDH fue presentada en el 2009, sin embargo, la familia Chavarría debió agotar los recursos que ofrecen las leyes en Nicaragua.
“La vía administrativa interna se agotó, se terminó hace tres meses, ahora estamos promoviendo el procedimiento oficial dentro de la CIDH, hemos recurrido a las instancias internacionales en busca de justicia porque en Nicaragua el régimen ha convertido la justicia en instrumento de su política”, dijo Chavarría.
Jaime Chavarría, candidato a concejal por la Alianza PLC en ese entonces, fue apaleado junto a sus tres hijos por un grupo de los llamados CPC, cuerpo paraestatal del régimen, cuando reclamaban por el cierre temprano de un Centro de Verificación. Al menos unas 50 personas no se habían verificado. Las turbas se presentaron con tubos, palos y machetes a cerrar la Junta de Verificación y de acuerdo a la acusación, eran liderados por Pedro Orozco, miembro de la Juventud Sandinista, que ha sido acusado además por la golpiza a una joven embarazada que protestaba por el fraude electoral en el 2011, frente al Consejo Supremo Electoral, y la golpiza a los ancianos del INSS, que reclamaban aumento en sus pensiones.
“No hubo respuesta del gobierno a nuestra demanda de justicia, las instituciones del estado se coludieron para cometer delito. Lejos de hacer justicia premiaron a sicarios como Pedro Orozco, al exfiscal electoral Armando Juárez, ahora es magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); todos los magistrados en pleno que conocieron del caso guardaron silencio y recientemente fueron premiados al ser ratificados en sus cargos, incluyendo a Roberto Rivas -presidente del CSE”, expresó Chavarría.
Se espera que la CIDH llame a las partes implicadas en la denuncia para la presentación de documentos probatorios. Ortega también enfrenta una segunda demanda ante la CIDH por tortura y asesinato contra el excoronel de la Guardia Nacional, José Ramón Silva Reyes.
