DGA actúa con represalia

Como “abuso de poder” calificó el director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, el procedimiento tardío de la aplicación de impuesto empleado por la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), a los comerciantes de los mercados para entregar la mercadería retenida.

La protesta del 13 de mayo frente a la DGA ha traído consecuencias impositivas a los comerciantes de los mercados. LA PRENSA/ ARCHIVO

Elízabeth Romero

[doap_box title=»Aquí nadie protesta» box_color=»#336699″ class=»aside-box»]

Para Gonzalo Carrión, el tratamiento de cárcel y ahora de altos impuestos que han recibido los comerciantes pese a que varios de ellos son considerados afines al Gobierno, es para recordar que “aquí nadie protesta”.

Y prueba de ello, dijo Carrión, es que el día de la protesta a los detenidos los llevaron a las celdas de El Chipote, donde está la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), y a la persona que hacía a veces de vocera la desnudaron como una forma de “intimidarla” o “aterrorizarla”.

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Como “abuso de poder” calificó el director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, el procedimiento tardío de la aplicación de impuesto empleado por la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), a los comerciantes de los mercados para entregar la mercadería retenida.

A su vez, criticó que la semana pasada el Gobierno desmontó una marcha de los comerciantes con promesas de discutir el tema, cuando ya habían decidido una sanción económica.

El miércoles pasado, los comerciantes marcharían desde el Mercado Oriental hacia la Asamblea Nacional, como parte de la protesta sostenida desde el 13 de mayo. Pero los desmovilizaron “bajo engaños” de platicar, aunque la verdadera intención era de “que no querían ruidos frente al diálogo (con los obispos)”, dijo Carrión.

Carrión estima que esa cantidad de tres millones de córdobas, que pretende aplicarle la DGA como impuesto a los comerciantes, según denunciaron estos el viernes pasado, ha sido en represalia por la protesta escenificada frente a esa institución el pasado 13 de mayo.

“Cómo se puede explicar que una sanción comience a quererse aplicar meses después que tienen retenida la mercadería (…), son procedimientos tardíos que redundan en arbitrariedad, en un abuso de poder”, refirió el defensor de derechos humanos.

La mercadería pertenece a unos cien comerciantes de todo el país.

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