Carla Torres Solórzano
Como un acto que violenta la voluntad de la mujer es calificada la esterilización no consultada, principalmente en algunas zonas rurales del país. Así lo consideró Rafael Cabrera, presidente de la Asociación Nicaragüense por la Vida (Anprovida).
La posición de Cabrera es compartida por la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), que pidió al presidente inconstitucional Daniel Ortega aclarar si esta es o no una política del Estado.
“Es un tema gravísimo con el que se atenta a la vida y a la dignidad de las personas”, dice el comunicado de los obispos.
Según Cabrera, en primer lugar se le debe pedir consentimiento informado a la mujer, como está establecido en la Ley General de Salud de Nicaragua. Además recordó que este es un procedimiento quirúrgico y tiene un riesgo para la vida.
Cabrera señaló además que como médico privado le han llegado a su consultorio pacientes que se quejan de que después de haber tenido un parto en un hospital público no le dan de alta a menos que se apliquen la inyección anticonceptiva llamada Depo-Provera, o se dejen insertar el dispositivo intrauterino conocido como “T de cobre”.
Desde el 2012 el sistema de salud público empezó a incrementar el número de jornadas de esterilizaciones gratuitas a mujeres mayores de 30 años con más de cuatro hijos y que “no desean más embarazos”.
El médico pro vida también coincidió con los obispos en que las píldoras anticonceptivas llamadas PPMS o “Plan B” siguen en venta libre en las diferentes farmacias del país. Esto viola el Código Penal en cuanto a la protección del no nacido, pues son consideradas abortivas.
“Estas píldoras también están relacionadas con cáncer de mama en jóvenes menores de 25 años, pero el Ministerio de Salud no se pronuncia al respecto”, dijo Cabrera.
20 minutos es la duración aproximada para una cirugía de esterilización según los especialistas. Las pacientes son dadas de alta el mismo día, y deben guardar reposo 48 horas en sus hogares.
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