Washington/EFE
El Tribunal Supremo de EE.UU. falló este martes a favor de los condenados a muerte que tengan discapacidades mentales, al establecer que, además del coeficiente intelectual, se deben tener en cuenta otros parámetros para decidir si un reo puede ser ejecutado.
El magistrado Anthony Kennedy, tras una votación 5 contra 4 sobre un caso de Florida, indicó que la práctica utilizada en ese estado deja de lado los estándares médicos modernos que señalan que el coeficiente intelectual debe ser considerado junto a otros elementos para evaluar la capacidad mental de un individuo.
De este modo, el máximo tribunal de EE.UU. exige a Florida que aplique un margen de error a sus exámenes de coeficiente intelectual, tal y como estipulan los estándares médicos, y haga más duros así los requisitos para llevar a cabo las ejecuciones.
Florida consideraba que cualquier puntuación en el test por encima de 70 puntos suponía que el preso era apto mentalmente y por tanto podía ser ejecutado.
Las directrices médicas actuales permiten que el nivel alcance los 75 puntos debido a este margen de error.
“La ley de Florida contradice la práctica médica habitual en dos modos interrelacionados: toma el coeficiente intelectual como la evidencia final y concluyente de la capacidad intelectual de un acusado; y confía en la supuestamente científica medición de sus capacidades, mientras que rehúsa reconocer la imprecisión inherente de esta medida”, dijo Kennedy en su justificación del fallo.
El caso “Hall contra Florida” se refiere a la sentencia de pena de muerte para Freddie Hall por el asesinato en 1978 de Karol Hurst, una mujer de 21 años que estaba embarazada cuando fue asesinada.
Hall fue sentenciado a la pena capital y en 1999 obtuvo una puntuación de 71 a 80 en sus test de inteligencia, aunque posteriormente con nuevos exámenes registró un resultado de 71 a 75.
La Corte Suprema decidió en 2002 en otro caso que en este país es inconstitucional ejecutar a una persona que tiene discapacidad mental.
Aunque la pena capital se mantiene en más de 30 estados, el número de ejecuciones en el país se ha venido reduciendo paulatinamente en los últimos años, desde el tope de 98 en 1999 a 38 en 2013, según datos del Death Penalty Information Center.
