San José/ACAN-EFE
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) comenzará mañana una audiencia pública de dos días por la demanda interpuesta contra Venezuela por su negativa a renovar su concesión a Radio Caracas Televisión (RCTV) en el 2007.
Durante los dos días de audiencia los jueces de la Corte IDH, que tiene su sede en Costa Rica, escucharán las declaraciones de una supuesta víctima y un perito propuestos por los representantes de los que se dicen afectados.
Los magistrados además obtendrán las declaraciones de un testigo y un perito ofrecido por el Estado, dos peritos presentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como los alegatos orales finales de las partes.
El caso se remonta al 28 de mayo de 2007, cuando el Gobierno del entonces presidente venezolano Hugo Chávez (1954-2013) decidió no renovar la concesión de RCTV, lo que provocó que el medio de comunicación dejara de transmitir como estación de televisión abierta.
Según la demanda presentada a la Corte IDH por la CIDH, esta situación significó violaciones a la libertad de expresión de los accionistas, directivos y periodistas de RCTV.
El Estado venezolano además incumplió las obligaciones sustantivas y procesales que tenía en materia de asignación y renovación de concesiones, de acuerdo a la demanda.
Según la Comisión, el caso se enmarcaría en un contexto de inseguridad jurídica, y la decisión de no renovar la concesión se debió a la línea editorial del canal.
La CIDH afirma que el Estado no logró justificar su actuación y, por lo tanto, también habría incurrido en una violación del derecho a la igualdad y la no discriminación.
En 2013 Venezuela salió del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pues que tanto Chávez como su sucesor, Nicolás Maduro, consideraron que la Corte IDH y la CIDH constituyen instrumentos de “persecución” de los Gobiernos “progresistas”.
El caso de RCTV será el último que enfrente Venezuela en la CorteIDH, pues llegó a los jueces antes del retiro de ese país del sistema.
En 2009 la Corte emitió una sentencia por otro caso relacionado a RCTV presentado por la periodista Luisiana Ríos, quien alegaba que hubo restricciones a la libertad de expresión a través de amenazas, actos de hostigamiento y agresiones verbales y físicas, contra periodistas y trabajadores del canal por parte de particulares supuestamente afines a Chávez.
En esa sentencia, los jueces ordenador continuar investigaciones y procesos penales abiertos a nivel interno y “determinar las responsabilidades por los hechos de este caso y aplicar las consecuencias que la ley prevea”.
También “adoptar las medidas necesarias para evitar restricciones indebidas y obstaculizaciones directas o indirectas al ejercicio a la libertad de buscar, recibir y difundir información de las personas que figuran como víctimas”.
El Estado venezolano fue absuelto de violaciones a los derechos de igualdad ante la ley, propiedad privada y libertad de expresión pero fue encontrada culpable de violaciones a la integridad personal y al derecho de buscar y difundir información.
