La semana pasada los señores obispos de la Conferencia Episcopal, liderados por el cardenal Leopoldo Brenes, dejaron más que clara su posición tras el diálogo que por espacio de cuatro horas sostuvieron con Ortega.
En un extenso documento que divulgaron a la nación después del encuentro, los obispos plantean sus preocupaciones y demandas, que no son otras que las que ha venido planteando la mayoría de la ciudadanía a lo largo de los últimos años, o sea que fueron fieles representantes del sentir de la ciudadanía, sea católica o evangélica.
A diferencia de otros diálogos, encuentros o pactos que ha habido en nuestra historia contemporánea, donde no se conoce a profundidad los temas tratados, los obispos lo dejaron todo por escrito, poniendo la pelota en el campo del Gobierno, que hasta el momento no se ha pronunciado sobre el contenido del planteamiento de la Conferencia Episcopal en su documento titulado sugestivamente: “En búsqueda de nuevos horizontes para una Nicaragua mejor”.
Los problemas que abordan los obispos son múltiples y variados. Van desde la preocupación por la injerencia del Estado en la familia y su intimidad a través de los llamados gabinetes de familia, el altísimo costo ambiental que podría tener la construcción del llamado Gran Canal, para lo cual piden que el Gobierno escuche las voces de expertos ambientalistas; lo que llaman “la problemática social” bajo la cual plantean las denuncias de maltrato policial, el hacinamiento en los centros penitenciarios, y exhortan al Gobierno a que apruebe el anteproyecto de ley que pide el cierre definitivo de las cárceles de El Chipote.
Pero quizás lo más esencial del documento son dos aspectos: el planteamiento de un diálogo nacional de todos los sectores, incluso llegan a demandar al presidente que haya mayor transparencia y comunicación a través de todos los medios de comunicación, es decir que se termine el secretismo y dé conferencias de prensa a todos los medios, reforzando de esta manera la libertad de información.
La petición o propuesta de diálogo de la Conferencia Episcopal al Gobierno es con los políticos y grupos sociales que no están en el poder. En este diálogo ya la Conferencia Episcopal no estaría presente como un interlocutor activo, pero creo que bien podría comparecer como garante o testigo.
El otro elemento sumamente importante está contenido en el párrafo 44 del documento (que por cierto viene con los párrafos numerados para mayor orden y facilidad para hacer referencia). En este párrafo la Conferencia Episcopal le hace la propuesta al Gobierno de que “no obstante haya ya nombrado o electo a los miembros del Consejo Supremo Electoral (CSE), se debe dar inicio a una profunda reforma política de todo el sistema electoral del país”.
Los obispos van más allá de proponerle al presidente la restauración de la credibilidad del voto y el respeto a la voluntad ciudadana, sino que con todo respeto exhortan al presidente Ortega “que ofrezca su palabra de honor para garantizar en el 2016 para Nicaragua un proceso electoral presidencial absolutamente transparente, con nuevos y honorables miembros al frente del CSE, en el que brille sin ningún tipo de duda la voluntad popular, con un sistema de cedulación independiente del mismo CSE, que le garantice a cada nicaragüense su cédula en tiempo y forma antes de las elecciones y con un proceso electoral abierto irrestrictamente a observadores de instituciones nacionales o extranjeras”.
Más claro no canta un gallo. Ahora veremos si el “privilegio” de dialogar con los obispos, a como lo valoró doña Rosario Murillo, va más allá del interés mediático de la foto y los videos de la televisión, y el Gobierno va a tomar en serio la voz de los obispos, que es en realidad la voz del pueblo.
Por el bien de la nación, que así sea, hay que buscar nuevos horizontes para una Nicaragua mejor. El autor es diputado de la Bancada del PLI.
Ver en la versión impresa las páginas: 12 A
