Rezaye Álvarez M.
Tras cinco años de operar ilegalmente por no contar con permisos ambientales, la Procuraduría General de la República canceló la concesión para la explotación de la mina de material selecto en el lugar conocido como “Nido de Águila”, ubicado unos 800 metros al Sur de la entrada al camino de San Isidro de Bolas en Managua.
Para ese entonces la que fue señalada como gerente de la mina, afirmó a este Diario que “Nido de Águila” estaba operando “con todos los permisos requeridos”.
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Durante los cinco años de operación, el ambientalista Centro Humboldt, las Comunidades Eclesiales de Base y la Procuraduría Ambiental realizaron esfuerzos por las instancias legales para denunciar la situación.
Como resultado de esto el dueño de la concesión, Carlos Roberto Aguilera Paguaga, fue acusado por del delito de aprovechamiento ilegal de recursos naturales en perjuicio del Estado de Nicaragua y fue encontrado culpable el miércoles 14 de mayo del 2014, día que se realizó el juicio oral y público.
Por solicitud de la Procuraduría General de la República, a Aguilera se le otorgó la pena máxima de conformidad al artículo 373 del Código Penal de Nicaragua, es decir, dos años de prisión y 300 días multas, además la cancelación de la concesión de la mina.
“Nido de Águila” se encuentra ubicada en la zona de amortiguamiento de la cuenca de la laguna de Tiscapa, según el Decreto número 4291 del 31 de octubre de 1991, que declara a Tiscapa reserva natural. Además forma parte de lo que se definiría como la zona de amortiguamiento del cerro Mokorón si se aprueba el proyecto de ley que lo declararía reserva natural.
Para Julio Sánchez, oficial de biodiversidad del Centro Humboldt, “este caso evidencia un importante avance en el sistema judicial, sobre la valoración de los delitos ambientales”.
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