Nadie marchó. Ni un ciudadano de Nagarote se movilizó para demandar al Gobierno el reintegro del alcalde Juan Gabriel Hernández, quien se encuentra relegado de la comuna desde el pasado 12 de abril, luego del terremoto que afectó a este municipio de León.
Ronald Pérez, miembro del Frente Sandinista, afirmó que la movilización estaba prevista para el día miércoles, pero al parecer hubo presión para que el evento no se llevara a cabo.
“En este momento solo hay rumores, pero dicen que la orden vino desde ‘arriba’. Les dijeron que si marchaban les iban a echar a la Policía. La gente de Juan Gabriel estuvo convocando desde las redes sociales y hasta llamaban por teléfono, pero al final la desmontaron”, relató Pérez.
Tras el relego de Hernández se especulan algunas cosas como causas de su ausencia: que hay una investigación por una supuesta malversación de materiales de construcción que serían distribuidos a los afectados por el terremoto, y, que se encuentra de subsidio en su casa porque fue operado en Cuba.
LA PRENSA trató de comunicarse con el alcalde en reiteradas ocasiones, pero él no respondió las llamadas a su teléfono móvil y tampoco se encontró en su casa de habitación. Quien está asumiendo la comuna de Nagarote ante la emergencia es el viceministro de Gobernación, Carlos Nájar.
“Otros dicen que la orden de no permitir la marcha fue de Nájar. Él dijo que si salían a la calle los echaban presos, pero nadie lo confirma, aquí todo se maneja a nivel de rumores, pero lo único concreto es que Hernández no se acerca a la Alcaldía”, sostuvo Pérez.
¿Y la ley de municipios?
Julio López, especialista en temas municipales, lamentó la situación que está ocurriendo en Nagarote, donde no se sabe a ciencia cierta, quién está al frente de la comuna sandinista.
Según la Ley de Municipios, Ley 40, quien debería estar al frente, tras la ausencia de Hernández, debería ser la vicealcaldesa, Mireya Urroz, luego seguiría en mando el secretario de la comuna nagaroteña.
López explicó que si hay señalamientos de presunta malversación de fondos por parte del alcalde Hernández, lo correcto es separarlo del cargo y solicitar una investigación ante la Contraloría General de la República. “Se debe abrir una investigación con el fin de comprobar si existe o no una responsabilidad penal o administrativa y así retirarlo del cargo”, reiteró López.