CSJ abusiva con inversionistas

La empresa privada ve un retroceso en materia de seguridad jurídica por la actuación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que en menos de 24 horas revocó una sentencia favorable al empresario Milton Arcia, en el litigio que este mantiene con la Alcaldía de Managua, por la intervención de un negocio que tiene en el Malecón de Managua.

La empresa privada ve un retroceso en materia de seguridad jurídica por la actuación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que en menos de 24 horas revocó una sentencia favorable al empresario Milton Arcia, en el litigio que este mantiene con la Alcaldía de Managua, por la intervención de un negocio que tiene en el Malecón de Managua.

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, dijo que este tipo de acciones judiciales hacen retroceder el poco avance que se había logrado en los últimos meses en cuanto a certeza jurídica y confianza en la justicia nicaragüense.

[doap_box title=»A nivel internacional» box_color=»#336699″ class=»aside-box»]

El empresario Milton Arcia anunció que, tras el actuar de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, denunciará el caso ante los Derechos Humanos internacionales porque “esos fallos son una aberración jurídica aquí y en todas partes del mundo”. Arcia dijo que si fuera militante del partido gobernante, la Alcaldía de Managua, administrada por la sandinista Daysi Torres, le hubiera devuelto el puerto turístico Rubén Darío, ubicado en el atractivo Malecón capitalino.

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  • “Situaciones como esta (actuación de la CSJ en el caso del empresario Milton Arcia) no abonan a tener más seguridad jurídica, sino que crean incertidumbre en la inversión”.
  • José Adán Aguerri, presidente del Cosep. LA PRENSA/ARCHIVO

[/doap_box][doap_box title=»Magistrados de la CSJ se excusan» box_color=»#336699″ class=»aside-box»]

El presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Rosales, quien firmó la sentencia a favor de Milton Arcia notificada el 5 de junio y 24 horas después firmó la sentencia revocatoria de su propio fallo, no quiso pronunciarse al respecto, excusándose por emergencia médica. “Estoy en el hospital en una emergencia, no te puedo atender oíste”., dijo Rosales, acto seguido cortó la llamada.

Los magistrados Ligia Molina y Armando Juárez, miembros de la Sala Constitucional y quienes firmaron ambas sentencias en el caso Arcia, no contestaron las llamadas a sus celulares. Solo Juárez contestó un mensaje de texto diciendo: “Con mucho gusto la atiendo el lunes a primera hora”.

Mientras que el magistrado Rafael Solís, miembro de la misma Sala Constitucional y quien apareció como firmante en la sentencia 850 que revocó la sentencia número 788 que reconocía los derechos del empresario Milton Arcia, se disculpó de pronunciarse al respecto, porque estaba en una reunión y que luego regresaría la llamada.

El magistrado Manuel Martínez, quien firmó la sentencia 788 que favorecía a Arcia, junto al magistrado Carlos Aguerri, dijo que desconocía la nueva sentencia revocatoria del caso. “Lo único que te puedo decir es que yo firmé a favor de los derechos de Milton Arcia y en mi ausencia los otros (magistrados) la revocaron”, dijo Martínez.

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  • “Es un mal mensaje para el inversionista porque aquí la justicia se acomoda a los vaivenes de los intereses ajenos a la ley y al derecho y eso es lo lamentable. Son sentencias políticas a razón de intereses particulares”.
  • Oscar Castillo, constitucionalista. LA PRENSA / ARCHIVO

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Esta mejora fue reflejada en una encuesta de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) publicada este año.

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Además, alerta que se está mandando una señal inadecuada a futuros inversionistas tanto nacionales como extranjeros.

Por esta razón, Aguerri insiste a los empresarios que incluyan en sus contratos de negocios cláusulas que les permitan el uso de mecanismos alternos de resolución de conflictos, como el arbitraje, para esquivar al poder judicial. “…Este sistema (mecanismos alternos de resolución de conflictos) no está politizado”, precisa.

El representante empresarial —quien lamentó que el sistema judicial “siga siendo politizado” e insistió en que los magistrados de todos los poderes del Estado deben ser independientes—, dijo que se le debe dar respuesta a Arcia. “Hay que buscar cómo darle una respuesta que corresponde indistintamente a esta resolución, hay que buscar cómo atender los derechos de este señor empresario”, enfatiza.

En el mismo sentido el constitucionalista Oscar Castillo dijo que la actuación de la Corte en este caso va en detrimento de la economía y la imagen del país a nivel internacional porque el inversionista no querrá venir a invertir en un país donde no hay seguridad jurídica.

“Lo primero que tomará en cuenta el inversionista es que en Nicaragua por más que defienda un derecho, al final aquí te inventan sentencias y te sacan artículos o leguleyadas que van a perjudicar sus derechos y la seguridad jurídica”, dijo Castillo.

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INTERPRETACIÓN ABUSIVA

La revocación de la sentencia que reconocía los derechos del empresario Milton Arcia, por parte de los magistrados orteguistas de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, fue “amañada” a través de una interpretación “abusiva y extensiva” del artículo 13 de la Ley Orgánica del poder judicial, expresó Castillo.

El artículo 13 que invocan los magistrados se refiere a que jueces y magistrados deben fallar en el plazo estipulado por la ley y debe corregir los errores que cometan en su sentencia, pero a partir de que una de las partes (Alcaldía o Arcia) invoque el recurso de aclaración, explicó Castillo.

“A mí me parece que se están arrogando atribuciones de oficio porque no es ese el alcance del artículo 13, haciendo una interpretación abusiva y extensiva de creer que ellos mismos pueden aclarar su sentencia y sobre todo revocando una decisión que ellos mismos han determinado”, dijo Castillo.

Arcia introdujo dos recursos de amparo ante la CSJ porque la alcaldesa inconstitucional Daysi Torres decidió multarlo con 1.2 millones de córdobas e intervenir el puerto turístico Rubén Darío, negocio que levantó el empresario en el Malecón capitalino.

Sin embargo, el pasado 5 de junio, la sala le notificó una sentencia a su favor reconociendo sus derechos sobre el negocio ubicado en el Malecón y un día después le notificó la revocación de dicha sentencia, esta vez firmada por los magistrados orteguistas Rafael Solís, Francisco Rosales, Ligia Molina y Armando Juárez.

En cambio la primera sentencia que reconocía los derechos del empresario fue firmada en consenso por Rosales, Molina, Juárez, Manuel Martínez y Carlos Aguerri.

Al respecto, Alfonso Dávila Barboza, exmagistrado de Apelaciones de Managua, afirmó que la actuación de los magistrados de la CSJ en el caso de Arcia “deja establecido que los casos gubernamentales tienen más vigor y peso que los Códigos del país”.

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