L
a educación permanente fue proclamada por la UNESCO como el paradigma educativo del siglo XXI. La idea de la continuidad del proceso educativo no es nueva, pero ha sido en las últimas décadas del siglo pasado que los especialistas señalaron las fecundas consecuencias que tiene la adopción de la perspectiva de la educación permanente, que en esencia implica el reencuentro entre vida y educación.
Ante un mundo en constante proceso de cambio, la educación permanente aparece como la respuesta pedagógica que hace de la educación asunto de toda la vida, a fin de dotar a los educandos de las herramientas intelectuales que les permitan adaptarse a las incesantes transformaciones y a los nuevos requerimientos del mundo laboral. En síntesis, la época actual demanda que los estudiantes “aprendan a aprender” para que sigan aprendiendo durante toda su vida.
La llamada “revolución copernicana” en la pedagogía consistió en desplazar el acento de los procesos de enseñanza a los procesos de aprendizaje. Esto condujo a centrar la transmisión del conocimiento en los aprendices, es decir, en el sujeto educando, en el alumno, lo que no significa menospreciar el papel del profesor. Este deja de ser el centro principal del proceso de enseñanza-aprendizaje, que pasa a ser el alumno, mas no se esfuma de él, sino que adopta un nuevo rol: se transforma en un suscitador de aprendizajes capaz de convertir su aula en un ambiente de aprendizaje, y así superar la tradicional clase expositiva que implica alumnos poco participativos, simples tomadores de apuntes que luego memorizan para los exámenes, sin que se pueda saber si realmente aprendieron. Los aprendizajes deben, a su vez, generar competencias personales, cognoscitivas, profesionales, de comportamiento, habilidades y destrezas.
En el debate contemporáneo de la educación superior ha adquirido especial relevancia el tema de las competencias. La Declaración Mundial sobre la Educación Superior para el Siglo XXI (París, octubre de 1998), considera que la formación profesional de nivel superior debe comprender “una educación general amplia, y también una educación especializada, y para determinadas carreras, a menudo interdisciplinarias, una formación centrada en competencias y aptitudes, pues ambas preparan a los individuos para vivir en situaciones diversas y poder cambiar de actividad”.
El Informe Delors (La Educación encierra un tesoro) sostiene que en la educación contemporánea se ha dado una evolución desde la noción de calificación profesional a la noción de competencia. Cada vez con más frecuencia, los empleadores ya no exigen una calificación determinada, que consideran demasiado unida a la idea de pericia material, y piden, en cambio, un conjunto de competencias específicas, que combinan la calificación propiamente dicha, adquirida mediante la formación técnica y profesional, con competencias de comportamiento social, aptitud para trabajar en equipo, pensamiento crítico, capacidad de iniciativa y de asumir riesgos.
Para diseñar un modelo de formación profesional, que se corresponda a los requerimientos actuales, se necesita un currículo flexible basado en competencias. Si se trata de dar respuesta a los desafíos de una economía globalizada y de un mercado profesional cambiante se requiere proporcionar al futuro graduado competencias genéricas, competencias cognoscitivas, competencias especializadas y las competencias técnicas propias de la profesión que le proporcionen las habilidades y destrezas de su campo profesional específico. Además, las competencias para una vida de calidad y el ejercicio de una ciudadanía responsable.
Es conveniente señalar que el diseño curricular basado en competencias presenta algunos riesgos; principalmente el riesgo de sobrevalorar las competencias laborales sobre las genéricas y personales y, especialmente, sobre aquéllas que tienen que ver con la formación en valores, que hoy día no puede estar ausente de cualquier proceso educativo que pretenda ser integral.
El mejoramiento de nuestra educación requiere una mayor inversión en nuestro sistema educativo, equivalente, al menos, al siete por ciento del PIB. La meta debería ser diseñar políticas de estado que aseguren una mejor calidad, una mayor pertinencia social y equidad del sistema educativo, ya que la educación debe responder a las ne
cesidades de todos los sectores sociales y no de un solo sector. El autor es jurista, educador y escritor.
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