En el documento En búsqueda de nuevos horizontes para una Nicaragua mejor, que los obispos leyeron y entregaron en sus manos al presidente inconstitucional de Nicaragua, Daniel Ortega, la Conferencia Episcopal no solo planteó aquellos problemas cuya solución es indispensable para la recuperación de la democracia en el país, sino también otros temas secundarios, pero de interés nacional, que resolverlos no pondría en riesgo el poder del dictador. Sin embargo, ni siquiera a los planteamientos específicos y secundarios de los obispos, Daniel Ortega se ha dignado responder.
Tal es el caso, por ejemplo, de lo que expresan los obispos acerca de la actuación policial, que es oportuno mencionar ahora que se está aprobando una nueva Ley de la Policía de Nicaragua. En el punto número 12 de su documento, la Conferencia Episcopal expresa que respalda la demanda de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (la cual es presidida por el obispo de la Diócesis de Estelí, monseñor Abelardo Mata), de que se debe cerrar la cárcel de auxilio judicial denominada El Chipote, la cual funciona en el mismo lugar donde estuvo el principal centro de torturas de la dictadura somocista, y ahora, bajo el régimen orteguista, muchos ciudadanos han denunciado que allí han sido torturados.
Los obispos, con su proverbial generosidad reconocen en el punto 18 de su magistral documento, “los grandes esfuerzos de la Policía Nacional por garantizar la seguridad ciudadana y su lucha contra la delincuencia( )”. Pero a continuación la Conferencia Episcopal va al fondo del asunto y señala, con absoluta franqueza que “es urgente poner fin a todo abuso de autoridad y maltrato de parte de la misma Policía frente a ciudadanos que reclaman sus derechos pacíficamente, e igualmente velar para que la Policía Nacional no caiga en la indiferencia y el desinterés para hacer prevalecer la justicia y salvaguardar la integridad de grupos indefensos de jóvenes, mujeres, comerciantes, etc., que se han visto atacados por algunos grupos violentos ante la mirada impasible de ellos como agentes del orden”.
En realidad, los abusos de autoridad policial y la falta de cumplimiento de la Policía de su obligación de garantizar la seguridad y proteger la integridad física de todos los ciudadanos nicaragüenses, incluyendo a los que son opositores y a quienes se atreven a manifestar públicamente su inconformidad en las calles, serían fáciles de corregir por el Gobierno si se tratara de simples errores y descuido de la responsabilidad institucional y profesional del cuerpo policial.
Pero no es ese el caso. La actitud represiva de la Policía que denuncian continuamente los organismos defensores de los derechos humanos y los obispos han señalado en su histórico documento del 21 de mayo, no es por errores de la conducta policial. Es el inevitable resultado de la politización orteguista de la Policía, es decir, la conversión de la institución policial en un órgano represivo que no solo reprime la criminalidad, sino también a la oposición a la nueva dictadura, igual que la Policía Sandinista de los años ochenta.
Y la respuesta de Ortega a los obispos es legalizar esta regresión policial mediante la nueva ley de la Policía que está haciendo aprobar en la Asamblea Nacional.
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