Elízabeth Romero y Lucía Vargas
De “show mediático” calificó Magaly Quintana, de Católicas por el Derecho a Decidir, la marcha contra la violencia hacia las mujeres a la que por orientación de la primera dama, Rosario Murillo, asistirán funcionarias del Gobierno y que será encabezada por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alba Luz Ramos.
EN GRANADA CUESTIONAN A FUNCIONARIOS
Quintana dijo que su organización considera que los operadores de justicia son responsables de la impunidad existente, en muchos casos de violencia que sufren las mujeres. Esto lo confirmaron el lunes comerciantes del mercado de Granada, quienes se quejaron de la falta de voluntad de la Policía, Fiscalía y jueces, pues en lugar de apoyar a las mujeres violentadas, apoyan a los hombres, en especial si tienen influencia política, partidaria o económica.
Sobre todo porque alegan que Nicaragua es el país menos violento de Centroamérica, lo que no es así para las mujeres.
Quintana alegó que de acuerdo con las cifras que tiene su organización de 46 femicidios en lo que va del año a lo interno del país, esta es alta en proporción a la población total que tiene Nicaragua. Sobre todo al comparar con otros países de la región, como Guatemala, cuya capital tiene seis millones de habitantes.
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La tarde del lunes, el mercado de Granada fue escenario de un conversatorio entre la titular del Juzgado Primero Local Penal de Granada, Noelia Ulloa, asesores legales de organizaciones no gubernamentales y comerciantes. El objetivo fue transmitir los conocimientos básicos sobre la Ley 779, Contra la Violencia Hacia la Mujer, y sus beneficios.
“¿Cómo podemos confiar en jueces y policías que dejan libre a un violador que solo por ser del partido Frente Sandinista fue beneficiado? Y la niña de 12 años que violó quedó burlada”, preguntó una señora públicamente.
En el mercado de Granada fueron expuestos muchos casos de abuso sexual contra niñas, delitos de violencia y por pensión de alimentos.
CASOS NO PROSPERAN EN INSTITUCIONES
Hubo casos de mujeres que dijeron que han denunciado en las instituciones correspondientes, pero sus casos nunca prosperaron y ante el desgaste físico, moral y económico desistieron de los procesos.
Bertha Inés Cabrales, coordinadora del Colectivo de Mujeres ITZA, coincidió con la denuncia de las mujeres de Granada, al señalar que es común que se ponga en duda la palabra de la mujer, en dependencia de quién es el denunciado.
SON RESPONSABLES DE LA IMPUNIDAD
Pese a situaciones como las expuestas en Granada, la primera dama Rosario Murillo dijo la semana pasada que el 11 de julio las funcionarias mujeres van a marchar, “ratificando nuestra lucha contra la violencia intrafamiliar y de género”. Al día siguiente, la presidenta de la CSJ, Alba Luz Ramos, asumió la convocatoria.
“¿Protestar, contra quién? ¿Contra su Gobierno que no le da presupuesto? Vale, si eso es así”, sostuvo Cabrales.
“A mí me parece que a los funcionarios del Estado, sea Alba Luz Ramos, sea quien sea, como presidenta de la Corte Suprema, la ley le demanda un rol, y ese rol no es andar manifestándose en las calles. ¿Contra quién se van a manifestar? ¿Contra la sociedad?”, se preguntó Cabrales, quien señaló que “la lógica es que los gremios demanden al Estado”, el cual tiene la obligación de responder, pero “eso es un show”.
Casi en iguales términos se refirió Quintana. “Esto es un show mediático, porque quien está encabezando esta marcha es precisamente la Corte Suprema de Justicia, la principal responsable de estos niveles de impunidad” .
Quintana mencionó casos concretos como la resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia en contra de Fátima Hernández en el caso de violación que sufrió por parte de Farington Reyes, una resolución que causó asombro a nivel internacional. También criticó al poder judicial de complicidad en la penalización del aborto que afecta a las mujeres.
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