Lucía Navas
Aunque el Presupuesto General de la República es quizás la ley más importante que se aprueba cada año al definir en qué gasta el Gobierno los impuestos de los ciudadanos, hay poca o nula incidencia de organizaciones de la sociedad civil en la discusión de las prioridades presupuestarias.
“El reto es concienciar a la población a que se interesen en qué está pasando con el dinero de nuestros impuestos”, afirma.
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El bloqueo a organismos de pensamiento que se interesan por opinar y proveer análisis de cómo hacer mejor uso del presupuesto, es una práctica en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y en la Comisión Económica de la Asamblea Nacional.
Dayra Valle, especialista en Transparencia de Presupuesto Público del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), recuerda que las consultas en la Comisión Económica son solo con los ministros de las entidades públicas.
El Gobierno de Nicaragua, según Valle, ha avanzado en el tema de transparentar el Presupuesto al generar seis de los ocho documentos que a nivel internacional se demanda. Sin embargo, dos de los documentos claves no se publican, como son el informe de medio término (semestral) para determinar el avance de ingresos y de obras.
“Tampoco existe un presupuesto ciudadano, que es la versión amigable que deben generar los gobiernos para hacerlo entendible a los ciudadanos”, dijo Valle.
Señala que la versión de un presupuesto para ciudadanos permitiría a estos saber si existe correlación entre las prioridades de la población con las decisiones de las autoridades. La transparencia del gasto público es clave para la ciudadanía, porque al final de lo que haga el Gobierno con los impuestos depende la calidad de vida de la población.
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