AFP
Con su censura a activistas, abogados, periodistas, blogueros y profesores, las nuevas autoridades chinas están decididas a ahogar las voces disidentes de una sociedad civil cada vez más exigente, y de momento está siendo muy eficaces, según varios analistas.
Desde su llegada al poder en 1949, el Partido Comunista ha ejercido un poder estricto sobre la población china, erradicando cualquier protesta pública o acción susceptible de provocar «agitación social». Los observadores creen que ha habido una vuelta de tuerca con la llegada del presidente del país, Xi Jinping, al frente del Partido desde 2012 y del Estado desde comienzos de 2013, que ha reforzado el poder central al tiempo que anunciaba un ambicioso calendario de reformas para liberalizar la economía.
El miércoles, el diario oficial Global Times anunció que la administración encargada de la prensa ha publicado un nuevo reglamento que prohíbe a los periodistas chinos divulgar «secretos de Estado, secretos comerciales e informaciones no oficiales». También establece «la prohibición de escribir artículos críticos, a menos que se cuente con la aprobación de la unidad de trabajo». «De manera general, la contestación y el desarrollo de la sociedad civil no se toleran», explica Joseph Cheng, experto en política china en la City University de Hong Kong.
Castigos ejemplares
Uno de los métodos consiste en «disuadir por medio de fuertes sanciones», y «debo reconocer que el mensaje surte efecto», afirma Cheng.
El último ejemplo es la detención de siete activistas en Henan (centro del país) la semana pasada, acusados de haber «provocado agitación» organizando una ceremonia por el 25º aniversario de la represión de Tiananmen, según indicaron grupos de defensa de los derechos humanos.
Por otro lado, unos diez activistas y abogados han sido encarcelados por cargos como alteración del orden público o «incitación a la subversión del poder estatal», una acusación que en 2009 le costó al premio Nobel de la Paz, Liu Xiaobo, una pena de once años de cárcel. El Tribunal Supremo chino había anunciado poco antes penas de tres años de prisión para cualquier persona que difunda informaciones «calumniosas» compartidas más de 500 veces o vistas más de 5.000 veces en Internet.
En el mismo período, varios blogueros famosos hicieron acto de contrición ante las cámaras de la televisión pública, prometiendo que se abstendrán de publicar comentarios que puedan tener una influencia social «negativa».
En mayo de 2013, los profesores de universidad recibieron una lista de siete asuntos tabú, como los valores universales, la libertad de prensa y la independencia de la justicia.
Reformar desde arriba
Al llegar al poder, Xi Jinping prometió ocuparse de los problemas urgentes de China, como reformar la economía y combatir una corrupción omnipresente, que tiene a la población harta.
Xi «sabe que hay que acometer reformas para mantener al Partido en el poder, pero no quiere que éstas sean desviadas o consideradas como el resultado de las exigencias de la sociedad civil», afirma Maya Wang, investigadora de Human Rights Watch en China.
La actitud agresiva de las autoridades ha obligado a los activistas a ser más discretos, y a los usuarios de redes sociales a ser más prudentes, observa Maya Wang. Según ella, el hecho de reprimir a periodistas y blogueros tiene el efecto de «purgar» el discurso público de declaraciones críticas con el poder.
Con los años, el Partido Comunista ha unido a su amplia red de medios estatales un inmenso aparato de censura, que filtra los contenidos de internet.
Xi Jinping «no puede controlar lo que la gente piensa, pero sí la forma en que se debaten las cosas, eliminando los 'mensajes negativos' y considerados peligrosos», destaca Maya Wang.
