Nuestra accidentada historia, desde la independencia, fue agitada por profundas diferencias políticas, trayendo como consecuencia guerras civiles y la guerra nacional de mediados del siglo antepasado. Los llamados Treinta Años de gobiernos conservadores, agilizaron en forma moderada que se fuera saliendo del provinsionalísmo tradicional.
En este contexto histórico y con la urgente necesidad de insertar al país en un parámetro más que aceptable, tanto en el desenvolvimiento económico como social, se da la revolución liberal que a partir de aquel 11 de julio de 1893, habría de conducir a Nicaragua a una verdadera transformación, poniendo las bases sólidas y sostenidas para el desarrollo, siendo que las administraciones posteriores han tenido como referencia, los logros y conquistas de aquella revolución.
Como paso trascendental fue el impulso al sistema de educación media, primer peldaño, para una verdadera estructuración de la enseñanza, dejando consolidadas esquemas de avanzada en la educación de futuras generaciones; está de más mencionar que como culminación extraordinaria del nacionalismo, pilar fundamental de aquel gobierno, fue la reincorporación de la Mosquitia, unas de las acciones de mayor gloria para Nicaragua y el liberalismo; el Tratado Altamirano Harrison (1905) otorgaba la integración total a nuestro país del territorio referido y en esa forma se logró ad-perpetuo, nuestra plena soberanía como nación.
En la infraestructura se dotó al país de un inmenso caudal del progreso en casi todos los sectores, incluyendo el agrícola; este progreso, incluía la construcción del ferrocarril hasta Monkey Point, así como la intención de unir el Atlántico con el Pacífico vía terrestre (ruta Bluefields). Este objetivo que tan afanadamente iba a realizar Zelaya, fue truncado por la repentina y desleal caída de su administración; ha pasado más de un siglo y todavía este proyecto no se ha logrado.
Es menester hacer mención que junto a todo este desarrollo económico, el presidente Zelaya forjó una estructura jurídica, que a través de una vasta y sólida legislación colocara el sostén institucional y social del país; entre las leyes y códigos, habrían entre muchos que mencionar el Código Civil y el de Procedimiento Civil. El primero promulgado en 1904, revisado por la comisión legislativa compuesta por los diputados Leonardo Rodríguez y Santiago López, y los abogados Bruno H. Buitrago, José Francisco Aguilar y Francisco Paniagua Prado; el segundo que también contemplaba como anexas la Ley de Notario y la de Colegio de Abogados rige desde 1906, siendo que ambos códigos están vigentes después de más de ciento ocho años. El gobierno de Zelaya puso énfasis y dedicación en la elaboración cuidadosa y bien fundamentada de dichas leyes, que desde la época hasta el día de hoy han sido reguladores de importantes temas en la vida cotidiana de los nicaragüenses.
En otro aspecto de la legislación de entonces, habría que hacer hincapié en las leyes de agricultura que derivó con carácter laboral en el ordenamiento de trabajo en el campo en donde la mano de obra era pilar esencial para el desarrollo y a la que Zelaya le dio un enorme y exitoso impulso. Se podría mencionar decenas de leyes que para la época era un abanico jurídico con visión futurista.
Tuve la oportunidad de empaparme del accionar y logros de la revolución de 1893, por medio de mi señor abuelo José María Castellón Lacayo (1878-1969) quien se inició en estos acontecimientos históricos, desde adolescente y ya en su mayoría de edad ocupara cargo relevantes en la administración Zelaya; él era hermano menor de Camilo, unos de los principales ideólogos del liberalismo de esa época y quien como Ministro de Guerra, fue en 1907, el gran estratega de la batalla de Namasigüe.
A través de mi abuelo además de las constantes y fructíferas conversaciones que sosteníamos, accedí a documentos históricos de mucha importancia y durante los primeros 21 años de vida fue mi maestro político, habiendo forjado en mí, desde niño, una sólida formación liberal que ostento desde la cuna y pienso llevarla hasta la tumba.
Sin embargo creo firmemente, como elemental norma de conducta, que el desprendimiento ideológico debe ser nuestra guía, cuando se ocupa una posición de alguna o gran relevancia en el sector estatal debiendo servir a los demás en forma amplia sin distingo de carácter político, religioso, étnico, social o económico, bajo el esquema de que es un privilegio ascender a ciertos cargos, que por cierto son transitorios, debiendo quien lo ostenta tener una amplia y sincera visión de nación. Al respecto traigo a colación las palabras con las que finalizara el presidente René Schick (19631966) su último mensaje al Congreso Nacional cuando dijera: “La búsqueda del bien común como única y permanente vocación”. El autor es magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
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