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Miembros de la Asociación Nueva Nicaragua para Todos, conformada por maestros, trabajadores de la salud, vivanderas de los mercados y desempleados. LA PRENSA/ D. López

Tres meses sin ejecutar orden

Doña Luz Emérita Madrigal Martínez sostenía una foto de su hijo César Antonio Madrigal Martínez, un joven que murió en combate durante la guerra. Ella conforma una de las 3,500 familias que desde el 2003 luchan para tener una casa dónde vivir.

Génesis Hernández Núñez

Doña Luz Emérita Madrigal Martínez sostenía una foto de su hijo César Antonio Madrigal Martínez, un joven que murió en combate durante la guerra. Ella conforma una de las 3,500 familias que desde el 2003 luchan para tener una casa dónde vivir.

Doña Luz Emérita es parte de la Asociación Nueva Nicaragua para Todos, que desde 2005 introdujo ante la Asamblea Nacional una petición para que la finca conocida como San Cristóbal, propiedad del Estado de Nicaragua, en Sabana Grande, le fuera donada a sus 3,500 familias afiliadas.

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3 meses han pasado desde que Judith Silva, presidenta ejecutiva del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (Invur) , recibió la orden de entregar la finca San Cristóbal a 3,500 familias.

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Finalmente, el 26 de marzo de este año la Asamblea Nacional, mediante la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, envió a Judith Silva, presidenta ejecutiva del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (Invur), el expediente certificado de la propiedad para que las tierras fueran entregadas a las familias pertenecientes a la Asociación Nueva Nicaragua para Todos; sin embargo Silva ha hecho caso omiso.

“Hacemos un llamado al presidente Daniel Ortega para decirle que conforme una comisión que se encargue de la legalización de esta finca y que tomen cartas sobre la negligencia que tuvo Judith Silva de dejar pasar noventa días y no ejecutar una orden directa de la Asamblea Nacional tomándonos como burla”, expresó Juan Francisco Pérez Tórrez, presidente de la Asociación Nueva Nicaragua para Todos.

Pérez manifestó: “No somos tomatierras, estamos legalmente constituidos, el documento de la Asamblea Nacional firmado por el diputado Wálmaro Gutiérrez es claro y por eso declaramos el silencio administrativo de Judith Silva, presidenta ejecutiva del Invur, para tomar posesión de la propiedad”.

Pérez agregó que este lunes los miembros de la asociación irán donde el presidente inconstitucional Daniel Ortega “para ver si tuvo algún efecto nuestra denuncia y si no lo tuvo procederemos a las vías jurídicas y administrativas y toda nuestra gente ingresaría a la propiedad de manera legal”.

LA PRENSA intentó comunicarse con Judith Silva, pero su asistente dijo que se encontraba fuera de Managua entregando viviendas.

Nacionales Invur Orden archivo

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