El papa Francisco ha introducido un nuevo elemento en la denuncia y la lucha contra la corrupción, un concepto que ha sido calificado como “revolucionario” por comentaristas internacionales. Se trata de que, dice el obispo de Roma, “los políticos, empresarios y religiosos corruptos” no solo deben pedir perdón, sino también devolver a la comunidad lo que han malversado o robado.
El papa Francisco reconoce que hasta ahora la Iglesia ha absuelto a los corruptos cuando cumplen el sacramento de la confesión, sin imponerles como penitencia que devuelvan lo robado a su dueño, que es el pueblo. “Son los pobres —dice— los que pagan las fiestas de los corruptos. Son los que pagan la cuenta. ¿Y cómo pagan esa cuenta? La pagan cuando ese dinero de la corrupción hace que los pobres carezcan, por ejemplo, de hospitales y de escuelas”.
Al respecto, para el caso de Nicaragua cabe preguntarse, ¿cuántos hospitales, escuelas, carreteras, caminos de penetración, viviendas populares y otras obras sociales, se pudieron haber construido con toda la riqueza pública que se han robado los corruptos de todos los bandos, desde que la corrupción es una forma de gobernar?
En Nicaragua, como en muchos otros países, solo en muy raras ocasiones se ha juzgado y encarcelado a los corruptos. Pero muy pronto se les absuelve y deja en libertad y en ningún caso se les obliga a devolver lo robado. Más bien se les termina devolviendo bienes mal habidos que temporalmente les fueron decomisados.
Qué bueno y justo sería que se cumpliera la recomendación del papa Francisco, de obligar a los corruptos a devolver lo que han robado. Y que prendiera también una nueva iniciativa que ha surgido en algunos países, de que los delitos de corrupción no prescriban jamás. En Argentina, por ejemplo, donde la corrupción ha crecido de manera escandalosa con las últimas administraciones públicas populistas, la oposición ha abierto un debate público acerca de que los delitos de corrupción sean investigados y procesados por la justicia sin límite de tiempo y que por su gravedad sean equiparados con los crímenes de lesa humanidad. Y por lo tanto, que se les declare imprescriptibles.
El argumento jurídico principal en favor de establecer en la legalidad penal que los delitos de corrupción no tienen vencimiento, se basa en que no solo afectan los recursos públicos, sino que también minan las instituciones democráticas y deterioran la confianza de los ciudadanos en los funcionarios de gobierno. Y además provocan la muerte de innumerables personas, porque el robo de cuantiosos recursos públicos por parte de los corruptos causa insuficiente asistencia médica y social.
En cuanto al sentido práctico de la propuesta de que los delitos de corrupción no prescriban, se trata de que manteniendo viva la posibilidad de castigarlos después de los períodos en los que los gobernantes en turno evitan que se investiguen, permanece viva la posibilidad de que los corruptos sean castigados. Y es un disuasivo para que otros se abstengan de practicar la corrupción.
Son excelentes ideas, sin duda. La sociedad civil y la oposición de Nicaragua deberían abrirlas también al debate público. Y proponerlas como parte sustantiva del programa para el nuevo cambio democrático.
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