WASHINGTON/AP
El presidente Barack Obama puede adoptar medidas que atenúen en buena parte la crisis derivada de los miles de niños que han cruzado solos la frontera sur sin esperar a lo que sería una batalla larga y complicada en el congreso, dijeron dos legisladores importantes, una demócrata y uno republicano.
En controversia está la provisión de una ley contra el tráfico de personas decretada en 2008 que deja en manos de los jueces de inmigración la suerte de los menores inmigrantes procedentes de los países que no tienen frontera con Estados Unidos.
El gobierno de Obama ha manifestado cierto interés en solicitar al Congreso que modifique la ley para que conceda al gobierno federal mayor margen de maniobra a fin de enfrentar la crisis. Algunos casos podrían tardar años para que lleguen a los tribunales de asuntos migratorios.
Sin embargo, el representante Mike Rogers, republicano de Michigan y presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, dijo el domingo que podría no ser necesario que el Congreso haga cambios a gran escala y afirmó que Obama tiene la autoridad para repatriar a los menores.
Desde octubre, más de 57,000 niños, en su mayoría procedentes de Honduras, El Salvador o Guatemala, han cruzado sin sus padres hacia territorio estadounidenses por la frontera sur con México.Obama “tiene instrumentos disponibles” para resolver rápidamente lo que, según la mayoría de funcionarios, se ha convertido en una crisis humanitaria y para disuadir la llegada de más menores a Estados Unidos, expresó Rogers.
“Podemos trasladarlos (a los menores inmigrantes) con seguridad a sus países”, declaró Rogers al programa “Meet the Press” de la NBC.
“Ahí es donde el presidente necesita comenzar. Necesita renovar su compromiso, conseguir a las personas que hacen el trabajo administrativo en la frontera. Necesitan garantizar que envían una señal muy clara”, afirmó.
La senadora demócrata Dianne Feinstein, de California, autora de la provisión en la ley contra el tráfico de personas, dijo que un cambio en las normativas, no la ley, podría agilizar la repatriación de los menores.