Dong Yunsong, representante de la empresa china concesionaria de la construcción del Canal Interoceánico por Nicaragua, HKND, aseguró que la identidad de los inversionistas de los cincuenta mil millones de dólares o más que costará dicho proyecto, es absolutamente confidencial. Esta declaración, que ha incrementado las sospechas públicas alrededor del turbio plan canalero, la hizo el funcionario chino en la reunión que sostuvo el jueves de la semana pasada con miembros de la empresa privada nicaragüense, durante la cual algunos de los asistentes demandaron inútilmente información más clara y precisa sobre el asunto.
Pero no solo empresarios privados están requiriendo información sobre ese proyecto, que es calificado por los mismos chinos de HKND como el más grande en toda la historia de la humanidad, el cual, si de verdad se llegara a ejecutar cambiaría radicalmente la faz de Nicaragua, para bien o para mal. Representantes de todos los sectores sociales nicaragüenses —salvo el orteguista, que acepta dócilmente todo lo que digan y resuelvan los gobernantes— demandan información y reclaman el respeto a su derecho de saber toda la verdad sobre ese proyecto, incluyendo la identidad de los presuntos inversionistas.
El empeño en ocultar quiénes y de dónde son tales inversionistas, motiva diversas sospechas, inclusive la de que grandes capitales mafiosos internacionales podrían estar detrás del proyecto canalero. Y en el mejor de los casos el gobierno comunista de China, directamente o por medio de empresas pública de gran envergadura. Pero si fuera así, ¿por qué quieren ocultarlo? ¿Qué es lo que la empresa de Wang Jing y el gobierno de Daniel Ortega necesitan esconder para que los nicaragüenses y la comunidad internacional no lo conozcan?
El argumento de que la identidad de los inversionistas en el proyecto canalero tiene que mantenerse en secreto porque son inversores en bolsas internacionales de valores, no es válido, ni convincente, ni inteligente, ni aceptable. “Eso es un pretexto estúpido”, dijo a la sección editorial de LA PRENSA un prominente nicaragüense que tiene inversiones en bolsas extranjeras.
En Panamá, la ampliación del Canal fue consultada democráticamente al pueblo panameño, que lo aprobó en un referendo nacional el 22 de octubre de 2006 con el 76.83 por ciento de los votos. Y el financiamiento de la gigantesca obra, que cuesta más de cinco mil millones de dólares, es de conocimiento público.
Está claro que para que Nicaragua pueda desarrollarse, eliminar la pobreza y alcanzar la prosperidad, se necesita mucha inversión extranjera directa de capital porque el nacional es muy pequeño. Pero la inversión extranjera tiene que cumplir determinados requisitos y ajustarse a las debidas condiciones, incluyendo la transparencia. Ante todo debe respetar la soberanía nacional y el medioambiente, o garantizar de que se van a mitigar y compensar los daños ambientales que sean inevitables. Y sin falta tiene que existir la certeza de que la inversión no procede de capitales mafiosos de ninguna clase.
Además, el derecho de los ciudadanos a saber, o sea el acceso a la información pública, es fundamental e irrenunciable. Y no hay en la actualidad nada que sea de más interés público que el proyecto, real o fantasioso, del Gran Canal Interoceánico por el territorio de Nicaragua.
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