María José Zamora Solórzano
El pasado 20 de julio, al conocer sobre la emboscada sufrida por simpatizantes del régimen orteguista en el norte del país, mi reacción fue bastante cautelosa. Antes de opinar, recordé dos hechos: En enero de 2009, el periodista sueco Peter Torbiörnsson, presentó una acusación ante las autoridades de la Policía Nacional, en contra del cubano Renán Montero, exjefe de la Inteligencia sandinista en los ochenta, en contra del comandante Tomás Borge Martínez, exministro del Interior del mismo gobierno y en contra de Lenín Cerna, exjefe de la Seguridad del Estado, como autores intelectuales de la masacre del 30 de mayo de 1984, ocurrida en La Penca, sitio fronterizo con Costa Rica, en la que murieron siete personas, incluyendo tres periodistas. Torbiörnsson, entonces simpatizante del gobierno del FSLN, revela que a petición de Renán Montero, aceptó llevar con él a la conferencia de prensa en La Penca, a “Hansen”, un supuesto fotógrafo danés, quien resultó ser el asesino que colocó la bomba. Torbiörnsson además denuncia que cinco años después del ataque, inicialmente adjudicado a la CIA, Daniel Ortega le reconoció que este había sido orquestado por su gobierno. Agrega que después Ortega eligió tapar este hecho, comprando el silencio y la cooperación de Edén Pastora, a cambio de un puesto dentro del segundo mandato de Ortega (intercambio que está a la vista de todos).
El segundo episodio que recordé fue una de las últimas declaraciones de Tomás Borge: “Todo puede pasar aquí, menos que el Frente Sandinista pierda el poder. Me es inconcebible la posibilidad del retorno de la derecha en este país. Yo le decía a Daniel Ortega: hombré, podemos pagar cualquier precio, digan lo que digan, lo único que no podemos perder es el poder; digan lo que digan, hagamos lo que tengamos que hacer el precio más elevado será perder el poder. ¡Habrá Frente Sandinista hoy, mañana y siempre!”
Teniendo como base lo anterior, antes de señalar como responsables a grupos armados contra el Gobierno me permito algunas consideraciones:
-Repetidamente, representantes del Ejército de Nicaragua, han insistido en que los grupos armados con los que han tenido enfrentamientos son de bandoleros o simples delincuentes, a quienes no los mueve ningún ideal político.
-Atacar a civiles indefensos es contraproducente si el objetivo es ganar simpatías o adeptos.
-Llama mi atención que el ataque haya sido, coincidentemente, en una zona donde la oposición ha tenido un discurso y una posición más coherente al señalar los abusos de la dictadura orteguista.
-Me preocupa que, como consecuencia de este “ataque”, la Policía y el Ejército encuentren una justificación pública para seguir abusando impunemente de los ciudadanos opositores y de los campesinos que supuestamente apoyan a los grupos armados.
Opino que lo acontecido es doloroso y condenable, sin embargo, considero que tanto el Ejército como la Policía carecen del profesionalismo, independencia e imparcialidad para nombrarlos defensores de la soberanía y guardadores del orden público. De ser cuerpos armados profesionales han devenido a empleados personales y privados de la familia Ortega-Murillo. Condiciones que, desde mi punto de vista, hacen que las actuaciones y declaraciones de los representantes del Ejército de Nicaragua y de la Policía Nacional no tengan el respaldo moral ni ético para ser confiables. Dado el sesgo partidario que exhiben, el rol que juegan actualmente, me recuerda el que antaño la Guardia Nacional desempeñaba para la familia Somoza.
La muerte de estos simpatizantes del FSLN se agrega a la larga lista de abusos, asesinatos, violaciones, robos, golpizas, etc. que la ciudadanía nicaragüense ha venido experimentando a lo largo del mandato, ahora inconstitucional, de Daniel Ortega. Más responsables aún por la violencia fratricida que se avista que los propios ejecutores de este crimen —que a fin de cuentas siempre son manipulados— son la dictadura orteguista y quienes la sostienen.
La autora es psicóloga.
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