Bogotá/EFE
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó hoy el asesinato de un topógrafo de la gubernamental Unidad de Restitución de Tierras, ocurrido en el departamento de Antioquia (noroeste) el pasado 8 de julio.
Además de condenar la muerte de Robinson Álvarez Quemba, ocurrida en una zona rural del municipio de San Roque, la Oficina manifestó su preocupación porque continúan los atentados contra los reclamantes de tierras.
En un comunicado, el organismo de la ONU explicó que luego de visitar el lugar de los acontecimientos reitera “que nos preocupa la continuidad de hechos que atentan contra la seguridad de funcionarios públicos, líderes, lideresas y reclamantes de tierras”.
Agregó que esos hechos violentos perturban el avance del proceso de restitución, contribuyen a la revictimización de las víctimas y obstaculizan los esfuerzos de la sociedad y del Estado encaminados a “la consecución de la paz y la reconciliación”.
La Oficina reconoce los esfuerzos del Gobierno colombiano encaminados a cumplir con su obligación de reparar a las víctimas del conflicto en el país.
Sin embargo, “recuerda la necesidad de implementar medidas efectivas para garantizar la seguridad de todos aquellos implicados en el proceso de restitución”.
Días después del asesinato, las autoridades reportaron la detención de un hombre al que señalan de ser el que disparó contra el topógrafo Álvarez.
La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de 2011 es uno de los principales aportes del Gobierno del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, al reconocimiento de los más de seis millones de personas que han sufrido el conflicto en medio siglo y tiene el reto de ejecutarse en medio de la confrontación.