Elízabeth Romero y Luis Eduardo Martínez
Un día después de que Rosendo Huerta fue sacado de su casa en la comunidad El Carrizo, en San Ramón, Matagalpa, la Policía volvió para decirle a su cónyuge Sayda Ivania Cano, que este ya había confesado y que entregara las armas.
Sin embargo, las delegaciones, tanto de Matagalpa como la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), en Managua, no han aceptado que Huerta esté arrestado, al igual que otras cuatro personas que han sido sacadas de sus viviendas con lujo de violencia y en horarios fuera de lo establecido por la ley.
El martes los uniformados hasta se atrevieron a pedir café a la cónyuge del detenido, a quien horas antes habían sacado de forma violenta.
Cano denunció ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la nueva incursión de los policías, confirmó la presidenta de ese organismo, Vilma Núñez.
La defensora de derechos humanos aseguró que “hay una represión generalizada” y que ha dejado como resultado cinco desaparecidos.
PLI SE PRONUNCIA
Por otra parte, una nota de prensa del Partido Liberal Independiente (PLI), confirmó ayer que cuatro desaparecidos son miembros de ese partido.
El presidente de ese partido, Eduardo Montealegre Rivas, mencionó a Huerta como líder del PLI en la comunidad El Carrizo, en San Ramón, Matagalpa; a Zacarías Cano Angulo, pequeño productor, como fiscal de ese partido en el sector El Carrizo; Ricardo Cortez, en el municipio de San Isidro, Matagalpa y a José Olivar Meza, detenido el sábado en la Comarca Santa Rosa, del municipio de San Isidro.
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Cuevas criticó que el alegato fue que la detención no ocurrió en Managua, sino en Matagalpa. No obstante, el 23 de julio pasado, el mismo TAM procedió de diferente forma con los tres primeros acusados por la masacre, Juan y Gregorio Torres, junto a Erick Salgado, aunque igualmente la detención ocurrió en una comunidad de Ciudad Darío, Matagalpa.
La CPDH buscaba tramitar el recurso ayer por la tarde en Matagalpa, donde sus familiares señalaron que siguen sin conocer su paradero.
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OTROS DOS DESAPARECIDOS
Ninguno de estos son reconocidos como capturados por la Policía Nacional. A esto se agrega la denuncia de desaparición de Wilfredo Balmaceda y Eddy Antonio Gutiérrez, ambos de Darío, lo que indica que son seis los desaparecidos.
La nota de prensa del PLI destaca la demanda de Montealegre al gobierno del presidente inconstitucional, Daniel Ortega, para que cese la persecución emprendida por la Policía Nacional, al tiempo que condenó los últimos acontecimientos de violencia que vive el país, luego de la masacre del 19 de julio contra simpatizantes orteguistas.
Igualmente, Montealegre se pronunció sobre el asesinato a sangre fría de Carlos García, exmiembro de la Resistencia Nicaragüense y líder de este partido político, hecho ocurrido el viernes pasado en El Sarayal, Jinotega.
TRIBUNAL PIDE INFORMACIÓN A POLICÍA Y EJÉRCITO
En virtud de un recurso por detención ilegal a favor de los dos campesinos de la comunidad El Carrizo (Cano y Huerta), los magistrados de la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Norte (TACN), con sede en Matagalpa, giraron oficio a los jefes de la unidad departamental de la Policía y del Sexto Comando Militar Regional (SCMR) del Ejército, para que en 24 horas rindan informe sobre esas detenciones.
Cano Angulo fue detenido el sábado presuntamente por militares, mientras que su cuñado Huerta González fue detenido por agentes policiales a la media noche de este martes, denunciaron sus familiares, quienes siguen esperando que las autoridades les informen sobre el paradero de los campesinos.
Aunque el oficio girado por la Sala Penal del TACN fue entregado en el SCMR por el exconjuez liberal Félix Pedro Ocampo, el jefe de esa dependencia militar, coronel Alcides Garmendia, dijo telefónicamente a LA PRENSA: “en principio no hemos detenido a nadie y no hemos recibido ningún recurso, o sea que no tengo nada que ver con eso, es un asunto policial”.
AHORA NADIE SABE NADA DE LOS DESAPARECIDOS
Por su parte, el jefe departamental de la Policía, comisionado mayor Ramón Calderón, declaró estar desautorizado para brindar informaciones y explicó: “no sé nada, no tengo nada que decirte al respecto y en otro momento con todo gusto te atiendo para otro efecto que sea de mi competencia”.
Pese al hermetismo policial y militar sobre el caso, presuntamente Cano y Huerta fueron arrestados como sospechosos de haber “planificado” el ataque a una caravana en la que iban sandinistas en el sector de Wabule, en la carretera entre San Ramón y la comunidad El Jobo, del municipio de Matiguás, la noche del 19 de julio.
Esa noche hubo dos ataques contra la caravana en la que se movilizaban simpatizantes orteguistas, que regresaban de Managua hacia diferentes municipios del norte del país.
LOS DOS ATAQUES A CARAVANAS SANDINISTAS
Un ataque ocurrió en El Carmen, kilómetro 76 de la carretera Panamericana, en Darío, donde cuatro personas murieron y otras 22 resultaron heridas. El otro ataque fue en Wabule, San Ramón, donde un joven murió y otro fue herido de bala en el pie.
El martes Sayda Ivania Cano Angulo, esposa de Rosendo y hermana de Zacarías, a través del exconjuez Ocampo, interpuso un recurso por detención ilegal a favor del primero y en contra del jefe departamental de la Policía en Matagalpa, comisionado mayor Ramón Calderón.
En el recurso, la mujer dice que los policías llegaron a las 12 de la noche en una camioneta plateada con placa MT 15194, que según ella pertenece a la Alcaldía de San Ramón.
Agrega que los policías sacaron desnudo a Huerta y ella tuvo que vestirlo, luego los uniformados le exigían que entregara una pistola calibre 38, ropa militar y un teléfono y aunque se llevaron a su marido, los agentes regresaron a las 6:00 a.m. con las mismas exigencias, esta vez en una camioneta gris con placas MT 204 073.
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