Gloria Picón, Sergio León y Leonor Álvarez
“Cada día estamos volviendo a empezar la historia”, es la afirmación que hace el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, monseñor Silvio Báez, al referirse a las contradicciones que se dan en el gobierno del presidente inconstitucional Daniel Ortega, quien predica la paz y el amor, pero sus simpatizantes y subordinados están organizados para agredir y reprimir a los opositores.
Después de la masacre del 19 de julio que dejó cinco personas muertas y 19 heridas, tanto el Ejército como la Policía Nacional acompañándose de civiles encapuchados han perseguido y secuestrado a opositores en busca de culpables.
Dos días después de la masacre Ortega dijo que no se puede ir por la “vía de la venganza, ya que se estarían traicionando los compromisos con la paz”.
Nicaragua es “un país en el que el futuro es repetir el pasado, es un país lleno de contradicciones y mientras Nicaragua no salga de este cúmulo de contradicciones (…) seguirá siendo un país de contradicciones (…), donde no se sabe qué es verdad y no se sabe qué es mentira”, dijo Báez.
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Ejército justifica capturas
Mientras tanto, el general Julio César Avilés, jefe del Ejército de Nicaragua, advirtió que la institución que representa continuará trabajando con la Policía Nacional hasta “judiacilizar a los criminales que mataron a una gente que venían de un festejo nacional, en Managua”.
“Esa masacre es condenable, es un hecho criminal, hemos dicho que estamos cooperando con la Policía, aquí hay una ley de seguridad democrática donde participan distintas instituciones, en el marco de esa ley el Ejército participa apoyando a la Policía; estamos trabajando con información, realizamos algunas actividades que respaldan el actuar de la Policía que es la que está llamada a judicializar junto a la Fiscalía”, dijo Avilés.
Ocultan lo que ocurrió el pasado 19 de Julio
Roberto Orozco, especialista en temas de seguridad, manifestó que la Ley de Seguridad Nacional aprobada con urgencia en diciembre del 2012 le da facultades al Ejercito para hacer búsqueda, persecución, captura, pero en asuntos de seguridad nacional.
“El Ejército está abocado a defender la seguridad nacional, que es otra cosa distinta a lo que el discurso oficial ha venido diciendo en este caso. Lo que evidencia es que no estamos detrás de un hecho común como se ha venido diciendo, los hechos están demostrando que no es un asunto de seguridad ciudadana o seguridad pública, sino que es un asunto de seguridad nacional y por tanto le está elevando el perfil, están ocultando lo que verdaderamente ocurrió la noche del 19 de julio”, dijo Orozco.
Violación de derechos constitucionales
El coronel en retiro, Irving Dávila manifiesta que ninguna autoridad está facultada a realizar los actos que se han venido realizando en los municipios del norte del país, ya que tras los allanamientos ha habido “secuestros” y deben catalogarse como abusos de autoridad.
Dávila recuerda que en el artículo 33 y 34 de la Constitución Política se establecen garantías sobre los derechos individuales de las personas, a menos que haya una situación de emergencia, de guerra y hasta ahora Ortega no ha declarado tal estado.
En el caso de los civiles que acompañan a los miembros del Ejército y de la Policía en las persecuciones y las detenciones ilegales, Dávila indica que los civiles pueden informar, pero no están facultados “para detenciones, proceso sumarios y secuestros, son meros abusos de autoridad, el ciudadano puede colaborar, pero no pueden secuestrar una persona”, dijo Dávila.
Por su parte, Orozco también indica que dentro de la estructura formal de los órganos de seguridad es permitida la colaboración de civiles, pero hasta ahora estamos viendo en la práctica lo que fue aprobado hace dos años. “Hay un resurgir de los aparatos de seguridad, con facultades de ley”, dijo Orozco, aunque aclara que independiente de que estén interviniendo órganos de seguridad, no se pueden estar violentando las garantías constitucionales y no se pueden cometer abusos policiales.
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