“Eso es un montaje”, dicen familiares

Familiares de los señalados como supuestos autores de la masacre del 19 de julio reaccionaron incrédulos ante la versión de la jefa de facto de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera, calificando como un “montaje” las imputaciones a sus parientes.

Familiares de Zacarías Cano y Rosendo Huerta conocieron ayer los argumentos de la Policía, mientras esperaban en el parque frente al Complejo Judicial de Matagalpa. LA PRENSA/L.E. MARTÍNEZ M.

Luis Eduardo Martínez y Elizabeth Romero

Familiares de los señalados como supuestos autores de la masacre del 19 de julio reaccionaron incrédulos ante la versión de la jefa de facto de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera, calificando como un “montaje” las imputaciones a sus parientes.

“Eso es puras mentiras porque él no ha salido de la casa”, dice Aura Lilliam Reinosa García, esposa de Zacarías Cano Angulo, un agricultor de quien la Policía dice que participó acompañando a su cuñado, Rosendo Huerta González, a ejecutar el atentado contra la caravana sandinista en Wabule, municipio de San Ramón.

Sayda Cano Angulo, hermana de Zacarías y esposa de Huerta, enfatizó: “Mi marido no salió de la casa y eso es un montaje que quieren poner porque no hallan a quién culpar”.

Según la versión policial, Huerta y Cano habrían participado en múltiples reuniones en Darío para planificar los atentados en Darío, San Ramón y uno que no fue ejecutado en San Isidro. Pero sus familiares dicen que “ni siquiera conocen” y cuando les toca salir de sus casas en la comunidad El Carrizo, llegan hasta la vecina comarca El Horno, donde compran los insumos agrícolas.

RECHAZAN “PRUEBA” DE LA BOTELLA

Entre los medios de prueba con los cuales cuenta la Policía, está una botella de licor encontrada junto a casquillos de fusil AK con las huellas dactilares de Huerta en el sitio donde atacaron la caravana, a 300 metros del puente de Wabule.

[doap_box title=»PLI y PLC dicen que seguirán denunciando abusos» box_color=»#336699″ class=»aside-box»]

Eduardo Montealegre, presidente del Partido Liberal Independiente (PLI), manifestó que seguirán denunciando los abusos que se cometieron contra los miembros de este partido que fueron presentados por la Policía como autores de la masacre del 19 de julio.“Todos somos inocentes hasta que no se demuestre que son culpables, vamos a seguir denunciando los abusos que se cometieron con los miembros del PLI que fueron sacados de sus casas, los vapulearon y los desaparecieron por días”, dijo Montealegre quien agregó que no es casualidad el hecho de que los hayan presentado justo cuando el PLI estaba firmando un acuerdo de unidad con el Partido Liberal Constitucionalista (PLC).

María Haydée Osuna, presidenta del PLC, dijo que unirán esfuerzos con el PLI para apoyar a las familias de los miembros que están siendo culpados “injustamente”. “Como liberales dijimos: hay que condenar, hay que castigar a los que hicieron eso (la masacre), pero siempre que las investigaciones no sean políticas”.

Por su parte, Oscar Sobalvarro, conocido en las filas de la Resistencia Nicaragüense como “Comandante Rubén”, dijo que hay que esperar las pruebas, porque lo que hay ahora son “testimonios de personas que fueron prácticamente secuestradas y dan declaraciones que quizá fue obligado a decirlas”.

Sobalvarro agregó que hay que recordarle a Granera que así como está presentando y declarando culpables por la masacre del 19 de julio, que presente a los culpables del asesinato de Carlos García, exmiembro de la Resistencia Nicaragüense que fue asesinado el pasado 26 de julio.

GLORIA PICÓN DUARTE

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“Mi marido no toma ni fuma, eso es una estrategia de ellos porque mi marido no se pone un trago de guaro en la boca”, dice Sayda, explicando que Huerta tiene úlcera estomacal por lo que “ni café puede tomar”.

Ella cree que la Policía pudo manipular la presencia de huellas de Huerta en la botella porque “eso debe haber sido que le dijeron: ‘tome esta botella’ y le dieron ahí para que saliera la huella de ellos. Están culpando a los pobres inocentes”.

Por su parte, Aura Lilliam dice que el 19 de julio trabajó con Zacarías limpiando los cultivos de maíz y frijol que tienen. Regresaron a casa a las 5:00 p.m. y él, enfermo de los pies y la columna, no salió más, sino hasta el día siguiente que volvieron a limpiar las siembras.

Ella cree que a su marido lo vinculan con el caso “por envidia de los ‘CP sapos’ (como apodan a los orteguistas miembros de los llamados Consejos del Poder Ciudadano) que viven más arriba”.

Mientras tanto, familiares de Eddy Antonio Gutiérrez Delgadillo también calificaron como “un montaje” las imputaciones contra este joven albañil que últimamente se desempeñaba como conductor del sacerdote Francisco Solórzano en Chinandega.

“Eso es un montaje, mi hermano tiene un golpe y les aseguro cien por ciento que a él lo drogaron y le dijeron que hiciera y tornara (en vídeos mostrados en conferencia policial)”, dice Yohania Gutiérrez, agregando que “eso es una película de la Aminta Granera porque ella tiene que salvar su pellejo, así de sencillo porque ella no tiene coherencia”.

En su presentación ante los medios, Granera dice que Eddy facilitó su casa en Darío para las reuniones en las cuales fueron planificados los atentados.

“En ningún momento, su casa no presta las condiciones, ese hogar se lo regalaron de un organismo”, agregó Yohania, indicando que “mi hermano no es esa persona que está allí, a él lo tienen amenazado, algo pasa ahí, pero ese no es mi hermano… eso es un montaje”.

“ASUNTO ES PERSONAL”

“Este asunto es personal”, reaccionó Miguelina Meza, esposa de Leonel Antonio Poveda, uno de los capturados. Según la mujer, esto es para que no vuelva a haber “levantamiento” en Ciudad Darío, en las próximas elecciones.

“Conozco a mi esposo y es incapaz de hacer eso (participar en la masacre)”, dijo Meza, quien calificó la acusación como “un montaje”, pues aseguró que desde el 18 de julio oficiales de la Policía se presentaron a su casa con una orden de captura.

Lo único que le dijo la Policía en ese momento fue: “Es que el jefe quiere hablar con él”. Según la cónyuge de Poveda “esta es una persecución política porque él (Poveda) les gritaba: nunca voy a ser sandinista”.

“Que esa gente (la Policía) busque a los verdaderos asesinos que deben estar muy cerca”, sostuvo la esposa de Poveda, tras señalar: “Este problema lo están haciendo político… esto yo lo repudio”.

Meza dijo al asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Pablo Cuevas, que desde el 18 de julio su casa estaba vigilada por los ocupantes de una camioneta color champaña.

¿SANDINISTAS Y LIBERALES SE UNIERON PARA MASACRE?

El director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, recordó que el deseo de la mayoría es que la masacre del 19 de julio sea esclarecida, pero aún “quedan preguntas sueltas”.

Para Carrión, el hecho no quedó del todo claro, pues Granera no vinculó cómo se relacionan los acusados de ayer con los primeros sospechosos oriundos de Las Pilas.

“El país tiene derecho a conocer la verdad”, dijo Carrión, quien cuestionó que la Policía no respondió a las críticas de “arresto prolongado” de forma ilegal de ocho de los nueve acusados que estaban detenidos de forma arbitraria, quienes a luz de instrumentos jurídicos internacionales hasta ayer “estaban desaparecidos”.

A su vez, Carrión dijo que si los primeros cuatro capturados son parte de una misma acusación, la Policía debió proporcionar la información de cómo se relaciona en el caso de los militantes del Frente Sandinista que fueron los primeros capturados y que son parte de toda la investigación.

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