George Orwell advirtió en su emblemática obra 1984, que la perversión de las palabras atribuyéndoles un sentido contrario a lo que realmente significan, es una característica del totalitarismo, ya sea el comunismo y el socialismo autoritario, o el fascismo en sus diversas variantes. De allí que, según explicó el autor británico, en el lenguaje totalitario la paz es la guerra, el amor es el odio, la esclavitud es la libertad, la mentira es la verdad, el hecho es el derecho y así sucesivamente.
Nos hace recordar esa advertencia de Orwell lo dicho por el magistrado orteguista de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís, acerca de que el Reglamento de la Ley 779 (Ley Integral Contra la Violencia Hacia la Mujer) no la modifica o reforma; pues lo que dice el magistrado Solís significa en realidad, en el lenguaje del totalitarismo, que el Reglamento sí reforma la Ley 779. Pero además es improcedente, porque esa Ley no dice que requiere reglamentación y de acuerdo con la Constitución el poder ejecutivo solo puede reglamentar las leyes cuando ellas mismas así lo determinan.
El artículo 9 de la Ley 779 establece de manera taxativa que el femicidio lo comete el hombre que “diere muerte a una mujer ya sea en el ámbito público o privado”. Y detalla a continuación, el artículo mencionado, una serie de circunstancias en y por las cuales se comete ese grave delito, incluyendo la desviación llamada misoginia que es el odio o aversión a las mujeres por el solo hecho de que son del sexo femenino.
Sin embargo, el Reglamento dictado por Daniel Ortega el 30 de julio de 2014 y publicado al día siguiente en La Gaceta, Diario Oficial, reforma de hecho la Ley 779 al establecer en su artículo 34 que el delito de femicidio “debe cometerse por un hombre en contra de una mujer en el marco de las relaciones interpersonales de pareja ” O sea que suprime el concepto, que es esencial en la Ley 779, de que el femicidio no solo se comete en el marco de las relaciones de pareja sino también en el ámbito público y aunque no haya tales relaciones. De manera que Ortega se ha arrogado la facultad de reformar la Ley 779, lo cual, de acuerdo con el Artículo 138 de la Constitución Política de la República es atribución de la Asamblea Nacional.
La tipificación del delito de femicidio según quedó en la Ley 779, es discutible jurídicamente y susceptible de ser modificada. Pero si Daniel Ortega quería que se cambiara ese aspecto de la Ley, pudo haber procedido conforme a derecho y simplemente ordenarle a sus diputados —que forman una aplastante aplanadora oficialista en el poder legislativo—, que la reformaran según lo que manda la Constitución. Y hasta se pudo haber aprovechado la oportunidad de la reforma para quitarle el sentido de misandria (o sea la aversión hacia los hombres, desviación opuesta a la misoginia), que según juristas independientes y democráticos contiene la famosa Ley 779.
Pero está visto que Daniel Ortega es alérgico al derecho y no reconoce la supremacía constitucional. Prefiere atropellar la ley y actuar como un dictador autocrático que impone su voluntad simplemente por sus pistolas. Y es evidente que lo disfruta.
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