Uno de los contenidos del inconstitucional reglamento de Daniel Ortega a la Ley 779 (Ley Integral Contra la Violencia Hacia la Mujer), que es más rechazado por la sociedad civil, las iglesias y los juristas democráticos e independientes, es el que pretende legalizar la intromisión del Gobierno y de los organismos partidistas del FSLN denominados Gabinetes de la Familia, en los problemas domésticos de los grupos familiares y en particular en los conflictos de las relaciones conyugales.