Uno de los contenidos del inconstitucional reglamento de Daniel Ortega a la Ley 779 (Ley Integral Contra la Violencia Hacia la Mujer), que es más rechazado por la sociedad civil, las iglesias y los juristas democráticos e independientes, es el que pretende legalizar la intromisión del Gobierno y de los organismos partidistas del FSLN denominados Gabinetes de la Familia, en los problemas domésticos de los grupos familiares y en particular en los conflictos de las relaciones conyugales.
En la edición de hoy de LA PRENSA se publica en campo pagado un denso comunicado del Movimiento Autónomo de Mujeres, que rechaza razonadamente el ilegal Reglamento de Daniel Ortega a la Ley 779. Mientras que ayer informamos que la Red de Mujeres contra la Violencia insta a la ciudadanía “a rechazar la intromisión que el Gobierno pretende hacer —mediante dicha reglamentación— con los llamados Gabinetes de la Familia”. Y advierte la mencionada organización social femenina que las denominadas consejerías familiares “constituyen una invasión total al derecho individual y constitucional”.
En efecto, mediante el Artículo 7 del Reglamento de la Ley 779 que fue aprobado por Daniel Ortega el 31 de julio y publicado en La Gaceta, Diario Oficial del 1 de agosto corriente, se crea una tal Consejería Familiar que estará integrada por representantes de organismos estatales y paraestatales, entre ellos los Gabinetes de la Familia.
Según se dice en el Artículo 8 del ilícito Reglamento, la Consejería Familiar se involucrará en la vida de las parejas y las familias ante “cualquier tipo de alteración en las relaciones interpersonales dentro de su dinámica familiar”. De acuerdo con el Reglamento de marras la creación de la Consejería Familiar es una política de Estado, de manera que su intromisión en la vida familiar será obligatoria y los activistas del Gobierno y de los Gabinetes de la Familia, que son organismos partidistas del FSLN, visitarán casa a casa a las familias con el pretexto de mediar en sus problemas y conflictos y de ese modo inmiscuirse en las interioridades de la vida familiar.
También los obispos de la Iglesia católica se pronunciaron sobre esta inaceptable intromisión, desde antes de que Daniel Ortega dictara su ilegal Reglamento de la Ley 779. Eso fue en el documento de 46 puntos que la Conferencia Episcopal de Nicaragua entregó personalmente a Ortega el 21 de mayo pasado, en el cual los obispos expresaron que les “preocupa muchísimo que no se respete el derecho de las familias a su intimidad y su libertad de conciencia”. Pero la respuesta del arrogante hombre fuerte de Nicaragua a esa justa preocupación de los obispos, ha sido reglamentar el irrespeto de su Gobierno y su partido político a la familia nicaragüense.
Es prácticamente la misma respuesta que Ortega ha dado a todas las propuestas que le presentaron los obispos cuando se reunieron con él bajo el alero de la Nunciatura Apostólica, entre las cuales, cabe recordarla, destacaba la de una reforma electoral democrática para garantizar que en el 2016 pueda haber en Nicaragua “un proceso electoral absolutamente transparente y honesto… con nuevos y honorables miembros al frente del CSE”.
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