Los vacíos en la investigación policial realizada en el ataque a las caravanas sandinistas el pasado 19 de julio se reflejaron en la ampliación de la acusación presentada esta semana por la Fiscalía, aseguró el abogado Marlon Aburto, uno de los defensores en el proceso.
Entre los vacíos que señala Aburto está la falta de móvil del crimen, la ausencia del líder en la supuesta estructura criminal —ya que habla de seis reuniones para planificar la masacre y no señala quién convoca a dichas reuniones—, la contradicción en la hora de las piedras y los disparos.
Además no deja clara la función que realiza cada uno de los 12 acusados, ya que en ocasiones les dan función de logística y en otras de encubridores.
“Por ejemplo, a Wilfredo Balmaceda Castrillo le asignan la función de logística y quien proporciona medios de transporte y luego sale coordinando la reunión de Tipitapa con su primo Walter para que buscara a jóvenes conocidos del sector para que realizaran actos de distracción”, argumentó Aburto.
Los delitos por los que la Fiscalía acusó son conspiración, proposición, crimen organizado, asesinato y lesiones gravísimas en contra de Wilfredo Balmaceda Castrillo, Leonel Poveda Palacios, José Ricardo Cortez Dávila, José Meza Raudez, Eddy Gutiérrez Delgadillo, Rosendo Huerta González, Zacarías Cano Angulo y Jairo Obando Delgadillo en perjuicio de cinco personas que fallecieron durante el atentado y más de veinte lesionados.
OTRAS CONTRADICCIONES
Otro hecho contradictorio observado por las defensas en la acusación es que la Fiscalía hace dos distribuciones de armas de fuego que utilizaron en el ataque. La primera distribución de armas la hacen el 18 de julio cuando Pablo Martínez, alias “Yalí”, quien está prófugo, tomó un fusil AK, mientras Eddy y Jairo tomaron una escopeta cada uno y se fueron.
Luego el 19 de julio, ya por la noche, se vuelven a distribuir las armas, según la Fiscalía.
El otro hecho que no coincide en la acusación es la hora en que supuestamente Walter Balmaceda baja a los hermanos Torres Espinoza para que lanzaran piedras y la hora de los disparos.
“La acusación dice que Walter baja a los Torres Espinoza a las 9:40 y luego dice la Fiscalía que los primeros disparos se dan entre las 9:30 y 9:40 p.m., entonces ¿dónde está la función de distracción que hicieron?”, se preguntó Aburto.
NADIE VIO DISPARAR
Entre los testigos ofrecidos por el Ministerio Público ni uno señala haber visto disparar a los acusados, agregó Aburto.
A pesar de estos señalamientos, que afectan la claridad de la acusación y la falta de competencia territorial alegada por las defensas, el juez Henry Morales admitió la acusación y ordenó prisión preventiva.
La decisión del juez Morales sobre el proceso, además de quebrantar preceptos constitucionales, también violenta la doctrina jurídica sobre el iter criminis (camino del delito), estimó el abogado Darlin Antonio Obando, defensor de 2 de los 12 acusados en el caso.
A criterio de Obando, los operadores de justicia “están haciendo un fuero de atracción. Prácticamente están creando un tribunal de excepción para estas personas, juzgándolas ante un juez que no es su juez natural”.
Al respecto la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, indicó que el juez se declaró competente porque la planificación se realizó en Managua y porque “me imagino hay mejores condiciones de infraestructura. En Tipitapa tampoco hay condiciones, también porque Tipitapa es Managua”, expresó Ramos.
GRANERA REACCIONA MOLESTA
La jefa de facto de la Policía, primera comisionada Aminta Granera , reaccionó ayer a las críticas a raíz de la presentación que hizo sobre la investigación efectuada por esa institución, en relación con la masacre del 19 de julio en contra de las caravanas en las que viajaban simpatizantes orteguistas.
Al señalarle los periodistas a Granera que diversas organizaciones consideraron que tal y como presentó la investigación hubo más interrogantes que respuestas, ella respondió: “Yo creo que fui clara, el que no quiere entender, no entiende”. Ante la insistencia de los periodistas sobre el caso, la funcionaria de facto manifestó que ella ya dijo en la conferencia de prensa lo que tenía que decir sobre el caso.
Y reiteró que una vez que pasa el caso a la Fiscalía, esa institución evita pronunciarse más y actualmente el expediente fue remitido al poder judicial por parte de la Fiscalía, por lo que le corresponde a estas autoridades pronunciarse. No obstante, Granera manifestó que esa investigación queda abierta, pues recordó que como ha expresado en otras ocasiones, la Policía nunca da por cerrado un caso.
Por otra parte, se le preguntó al vicepresidente de Nicaragua, Omar Halleslevens, su valoración sobre el desempeño de la Policía respecto a la captura de los responsables de la masacre del 19 de julio y respondió que “si la Policía hace una investigación, logra dar con el objetivo y logra esclarecer un hecho, creo que todos tenemos que aplaudirla y más en estos casos que es un crimen, que es un asesinato de personas indefensas”.
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