Elízabeth Romero
El hacinamiento y la sobrepoblación son los problemas que agobian actualmente a las penitenciarías de Iberoamérica. Así lo expresa una publicación de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO), a la que están integrados Procuradurías, Defensorías y Comisionados de Derechos Humanos. Nicaragua aparece entre esos países.
La publicación de FIO dice que entre los efectos más comunes que genera el hacinamiento y la sobrepoblación está el aumento de la violencia, saturación de los servicios de salud y el debilitamiento de las condiciones de convivencia entre los reclusos.
La FIO hace un llamado a los gobiernos para que esta situación de las penitenciarías sea “de atención especial”, dado que incide negativamente en la seguridad y en las condiciones de salud e higiene de los penales, al tiempo que coloca en “grave peligro” la vida de todas las personas que allí permanecen.
CIFRAS DE NICARAGUA
Según esta publicación de FIO, hasta mayo pasado en las penitenciarías de Nicaragua contaban una población penal de 10,378, cuando “la capacidad de alojamiento” es de 4,605 reos, lo que representa un 125 por ciento de sobrepoblación, “cifra que resulta alarmante”, según informó la Procuraduría de Defensa de Derechos Humanos.
Conforme la publicación de FIO, “en general existe un consenso entre las Defensorías, Procuradurías y Comisionados de Derechos Humanos consultados, que los Sistemas Penitenciarios están inmersos en una serie de crisis que vulneran no solo los derechos humanos de las personas privadas de libertad, sino también que afecta al personal administrativo técnico y de seguridad de las cárceles”.
En esa ocasión el Cenidh junto con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), como peticionarios, expusieron su preocupación por el incumplimiento de las órdenes de libertad emitidas por el poder judicial por parte del Ministerio de Gobernación y con ello la permanencia arbitraria de los internos en las cárceles.
Expusieron que el Ministerio de Gobernación estableció procedimientos de verificación de órdenes de libertad emitidas por autoridades judiciales en aras de evitar la fuga de personas condenadas por delitos de cualquier naturaleza. Pero la medida no tiene asidero legal, porque no está establecida en ninguna ley o reglamento. En esa ocasión, los comisionados de la CIDH plantearon al representante del Estado de Nicaragua, su interés por visitar el país.
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La FIO recuerda que la Corte Interamericana de Derechos Humanos definió la sobrepoblación penitenciaria como “un trato cruel, inhumano o degradante”.
Igual FIO expuso como preocupante el incremento de menores presos y entre los delitos en los que más incurren están: robo, hurto y homicidio. Y en el caso de Nicaragua estos ni siquiera cuentan con centros especiales para ser albergados, sino que están en los mismos centros de los adultos aunque en celdas separadas.
TEMA TIENE ANTECEDENTES
El tema no es nuevo en el país. Las organizaciones defensoras de derechos humanos, como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), lo han denunciado constantemente tanto a lo interno como en espacios internacionales.
La denuncia más reciente fue en la 152 audiencia extraordinaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el pasado jueves, en México.
Denis Darce, quien asistió por la CPDH a esa audiencia, manifestó que el hacinamiento en las penitenciarías fue una de las preocupaciones expuestas.
“Todas las complicaciones que implica el hacinamiento, la falta de acceso a la salud, oportunidades de salud y de empleo, condiciones higiénico-sanitarias, que (los reos) duermen en el piso en lugares donde carecen de camas, las dificultades para que vayan a las audiencias y a Medicina Legal”, resumió Darce.
A su vez, el representante de la CPDH solicitó en la CIDH que el relator especial de privados de libertad visite Nicaragua, petición que fue efectuada de inmediato al Estado de Nicaragua. La CPDH también solicitó que las autoridades penitenciarias les permitan hablar con los internos en privado, sin custodias.
El director jurídico del Cenidh, Gonzalo Carrión, recordó que la situación va más allá de las penitenciarías, pues en iguales condiciones están los detenidos en las celdas preventivas del país, ya que esto es resultado de la situación de las cárceles en el SPN.
Carrión recordó que esta situación ha provocado amotinamiento de los internos y, sobre todo —dijo— porque hay localidades donde ante falta de penales, los detenidos con sentencia guardan prisión en celdas preventivas.
El 29 de julio del presente año, en Bilwi, se registró una situación similar como la expresada por Carrión, donde dos policías que resguardaban la seguridad en las celdas preventivas de esa localidad, fueron tomados como rehenes por reos que demandaron el traslado inmediato al Sistema Penitenciario. En ese momento el comisionado mayor Yuri Valle, jefe de la Policía de Puerto Cabezas, confirmó que 265 reos reclamaban su traslado ante la falta de condiciones.
“El tema penitenciario es una cuestión deprimente, a lo que se agrava el trato desigual, en cuanto al privilegio a unos (…), medidas de aislamiento sin fundamento (…), malos tratos de funcionarios e inseguridad entre internos”, sostuvo Carrión.
ALEGA FALTA DE CAPACIDAD
En mayo pasado, la ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, expuso durante el segundo Examen Periódico Universal (EPU) ante el Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), en Ginebra, que la falta de capacidad para recibir en las penitenciarías del país a los reos condenados por el alto índice de hacinamiento en las cárceles, les lleva a enviar a los detenidos a las celdas preventivas de la Policía. Sin embargo, en esa oportunidad la funcionaria anunció el impulso de obras de inversión por 381.1 millón de córdobas.
Hace tres meses Enrique Font, jefe de la Delegación del Subcomité Contra la Tortura de Naciones Unidas reveló en un comunicado que “la situación actual de las personas privadas de libertad en Nicaragua es sumamente preocupante”. El subcomité realizó una serie de visitas a las cárceles del país y presentó un informe al Gobierno. Tres meses después se desconocen los detalles del mismo.
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