Amalia del Cid
El poder judicial “no quiere tomar el toro por los cuernos”, se dedica a resolver algunos problemas, pero no ve el más importante de todos, el que “nos está consumiendo como un cáncer”: la politización de la justicia, señala Gabriel Álvarez, abogado constitucionalista y analista político.
El viernes pasado el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Marvin Aguilar, expresó que se hará una revisión completa al Código Penal, porque tiene “penas muy suaves” y deja “mucha discrecionalidad al juez” al aplicar las penas. Para Álvarez, esta preocupación del magistrado es “una buena oportunidad para ir al fondo del asunto”.
Según el abogado, cierto margen de discrecionalidad es legítimo y necesario para que “un juez pueda ser juez”. Sin embargo, cuando se pasan los márgenes establecidos por la ley, esa discrecionalidad se vuelve arbitrariedad.
A juicio de Álvarez, entre los órganos judiciales ninguno es más arbitrario que la propia CSJ y los Tribunales de Apelaciones. Y “puede ser que las penas sean muy suaves”, pero “más peligroso es que los jueces hacen lo que les da la gana orientados por el ejemplo de los magistrados de la Corte Suprema”.
Cuando quieren, los jueces resuelven un caso en cuatro días, pero a otros los dejan dormir el sueño de los justos, apunta el abogado. Para él, “hay casos verdaderamente arbitrarios y eso es más grave, porque el ciudadano necesita que haya seguridad jurídica y eso lo da un poder judicial independiente e imparcial”. Si las penas son muy suaves o el margen de la discrecionalidad del juez es muy amplio, eso “siempre estará abierto a discusión” y podría resolverse más rápido porque no es un problema estructural, considera Álvarez. En cambio, subraya, la politización del poder judicial, sí lo es.
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