WASHINGTON/AP
Ante las amenazas de impugnaciones y juicios, el presidente Barack Obama sabe que las medidas que tome en materia de inmigración enfrentarán una oposición acérrima. Por eso, a medida que se acerca el plazo autoimpuesto para tomarlas —el fin del verano— sus abogados están elaborando cuidadosamente una argumentación legal que consideran capaz de sobrevivir a cualquier reto, según funcionarios del gobierno.
El argumento es más o menos el siguiente: más allá de no haber corregido las leyes de inmigración, el Congreso no ha proporcionado siquiera los recursos suficientes al gobierno para hacer cumplir cabalmente las normas vigentes.
Hay alrededor de 11,5 millones de inmigrantes sin autorización en Estados Unidos, muchos más de los que el gobierno podría razonablemente deportar. La Casa Blanca cree que tiene amplio margen para dar prioridad a cuáles individuos debe enviar a casa.
Sin embargo, los republicanos también están explorando sus opciones legales para evitar que Obama concrete lo que consideran una extralimitación presidencial exagerada.
Aunque todavía no ha recibido las recomendaciones formales que solicitó al secretario de Seguridad Interior, Jeh Johnson, el presidente tiene un conocimiento íntimo de las opciones disponibles y no dedicará demasiado tiempo a pensarlas, según funcionarios del gobierno.
El objetivo de Obama era anunciar su decisión alrededor del Día del Trabajo, que en Estados Unidos se festeja el primer lunes de septiembre. Pero varias crisis de seguridad nacional obligaron a postergar el anuncio, probablemente hasta después de su regreso de Estonia y Gales, dijeron las fuentes, que pidieron no ser identificadas por no estar autorizadas a hacer declaraciones.
En una señal de lo polémico que se ha vuelto el tema, manifestantes que piden frenar todas las deportaciones protestaron el jueves frente a la Casa Blanca. Algunos se envolvieron en banderas estadounidenses y portaban carteles que decían “Soy testigo de la justicia”. Un reportero de The Associated Press contó 100 activistas arrestados, mientras varias personas que los rodeaban vitoreaban y gritaban “Sí se puede”.
Después de resistir los reclamos de tomar medidas ejecutivas con la esperanza de que el Congreso aprobara una ley amplia, Obama cedió a los activistas defensores de los derechos de los inmigrantes al decir en junio que “si el Congreso no hace lo que le toca, nosotros vamos a hacer lo que nos toca”. La medida más amplia en estudio es detener la deportación de millones de personas, en una ampliación significativa de un programa de 2012 que suspendió los juicios de deportación a personas traídas al país cuando eran niños.
Alrededor de medio millón de personas se han beneficiado con ese programa, conocido como sus siglas DACA.
Sin embargo, aunque los fiscales habitualmente toman sus decisiones caso por caso, la exención de categorías enteras de personas jamás ha sido intentada en la escala que propone el presidente: podrían ser millones si se extiende a los padres de niños DACA, familiares cercanos de ciudadanos estadounidenses o inmigrantes sin antecedentes penales.
“La pregunta es qué tanto puede el presidente extender sus facultades asegurar que las leyes se cumplan debidamente”, dijo Cristina Rodríguez, ex asesora legal del Departamento de Justicia y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale.
Otras opciones en estudio, como los cambios a la distribución y recuento de las tarjetas de residencia permanente podrían ser menos polémicas porque tienen el apoyo de las empresas y otros sectores influyentes, pero Derrick Morgan, ex asesor del vicepresidente Dick Cheney e investigador en el centro de estudios Heritage Foundation, dijo que Obama enfrentará una oposición cerrada toda vez que intente soslayar al Congreso.
“Cualquier posible acción ejecutiva que tome el presidente deberá fundamentarse en una base jurídica sólida”, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Shawn Turner. Sin embargo, posiblemente las medidas de Obama se impugnen en los tribunales.
Es más, Obama posiblemente dañó su caso porque ha insistido una y otra vez que es presidente y no rey y “simplemente no puedo inventar leyes solo”. En una entrevista en 2012 con la cadena de televisión en español Telemundo en Estados Unidos, Obama defendió su decisión de diferir las deportaciones de menores, pero reconoció que no podía hacer más.
“Si comenzamos a ampliar eso, entonces esencialmente estaría ignorando la ley de una forma que pienso que sería muy difícil de defender legalmente. Por eso no es una opción”, dijo entonces.
Los republicanos ya están considerando una acción legal por lo que ven como una violación de la separación de poderes. El líder de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, acusó este mes a Obama de “amenazar con cambiar unilateralmente las leyes de inmigración”.