Wilfredo Montalván
Desde los tiempos bíblicos, pasando por Santo Tomás de Aquino, autor de la Suma Teológica, hasta la Constitución de los Estados Unidos, los hechos y escritos de los próceres latinoamericanos, y muchos pensadores de la humanidad, está claramente establecido el derecho que tienen los pueblos de hacer uso del recurso de la violencia, cuando estos son víctimas de una tiranía, como la que actualmente impera en Nicaragua.
Porque no de otra forma puede calificarse el gobierno del binomio Ortega-Murillo, ya que en todos los diccionarios e idiomas consultados el concepto de tiranía se define como: “El gobierno ejercido por un tirano y este se aplica a quien obtiene contra derecho el gobierno de un Estado y principalmente a quien lo rige sin justicia y a medida de su voluntad”.
¿Es que acaso en Nicaragua hay quien dude que estamos siendo gobernados por una tiranía?
¿O es que no se han dado cuenta que los poderes del Estado (ejecutivo, legislativo, judicial y electoral) desde hace algún tiempo vienen siendo manipulados por la familia Ortega-Murillo y que ellos, contando con el respaldo del Ejército y la Policía Nacional hacen y deshacen, a su gusto y antojo, cuanto les viene en gana, aún cuando esto vaya en detrimento de la bienandanza nacional?
¿Qué si la Constitución de la República y demás leyes fundamentales han sido una y otra pisoteadas por este dúo fatídico y sus corifeos?
Por razones de principios debo aclarar que soy contrario al uso de la violencia para dirimir los asuntos políticos y que si en determinado momento de nuestra reciente historia asumí formar parte del Directorio de la Resistencia Nicaragüense (RN), fue porque ya internamente se habían agotado todos los medios pacíficos posibles para derrotar el proyecto totalitario del partido FSLN.
Lo que sorprende últimamente es que ante los trágicos acontecimientos acaecidos en Nicaragua el 19 de julio pasado, hay quienes se rasgan las vestiduras y pretenden condenar a los autores del ataque, sin parar mientes en que no hay efecto sin causa y que los únicos responsables de que estos hechos lamentables se produzcan son quienes han usurpado el gobierno con el único fin de defender sus bastardos intereses y los de la camarilla que los rodea.
Recordemos, con unción patriótica, lo que nos decía José Martí, héroe de la Independencia de Cuba: “La libertad cuesta muy cara; y es necesario resignarse a vivir sin ella o decidirse a comprarla por su precio”. O lo que afirmaba más recientemente el gran estadista latinoamericano y Padre de la Modernidad de Costa Rica, don José Figueres Ferrer: “Quien le quita el derecho del voto al ciudadano le está colocando en sus manos un fusil”. Don Pepe, como le decíamos cariñosamente sus amigos, encabezó la Revolución del 48 en protesta por un fraude electoral y no solo restableció el derecho ciudadano a elecciones libres sino que abolió al Ejército triunfante como contribución heroica y sin precedentes al futuro en libertad del pueblo costarricense.
Los nicaragüenses hemos tenido más paciencia que el santo Job esperando que el gobierno orteguista rectifique su errada conducta. Ahí está para demostrarlo el documento de la Conferencia Episcopal, que duerme el sueño de los justos, engavetado en el escritorio de la pareja presidencial, sin que hayan dado un solo paso que indique propósito de enmienda.
Así es que no debe sorprendernos que haya grupos armados al norte de Nicaragua, como lo ha señalado monseñor Abelardo Mata, y que estos proliferen en el futuro, porque como advirtió en su momento el apóstol de la unidad norteamericana, Abraham Lincoln: “Las papeletas de votación son sucesoras legítimas de las balas; y cuando esas papeletas han emitido un fallo justo y Constitucional, no puede prosperar ninguna otra apelación, salvo las balas”. El autor es periodista y Secretario General de la Asociación de Nicaragüenses en el Extranjero (ANE).
