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MARTHA VÁSQUEZ
Mientras abogados penalistas critican la actuación irregular de la Fiscalía, al prescindir de la acción penal contra el estadounidense Gerald James Shackelford Vaughn, acusado por narcotráfico, funcionarios públicos deciden no contradecir la decisión e incluso dicen que la Fiscalía está facultada para hacerlo.
Sin embargo, el penalista y exprocurador general de la República, Alberto Novoa, señaló que la actuación de la Fiscalía es irregular porque ya había formulado acusación contra el estadounidense.
Según Novoa, quien tenía que resolver al respecto era el juez competente, quien conoció la causa y giró orden de captura contra Shackelford.
FACULTAD ES DEL JUEZ
“La Fiscalía puede desestimar la acción penal cuando aún no ha formulado la acusación, en este caso ya está sometida a jurisdicción y es el juez quien debió dictar el sobreseimiento de acuerdo con los argumentos planteados en audiencia por la Fiscalía, pero esa circunstancia es anómala”, indicó Novoa.
Shackelford Vaughn es el dueño de la franquicia para Centroamérica de los club nocturnos Elite y fue acusado de transporte ilegal de drogas, lavado de dinero y crimen organizado en abril del 2012 junto con Henry Fariñas Fonseca, quien administraba el night club Elite en Nicaragua.
En abril del 2012 el juez Julio César Arias admitió la acusación para Fariñas y giró orden de captura para el estadounidense. Además ordenó a la Policía que hiciera las coordinaciones respectivas para circularlo a través de la Policía Internacional (Interpol).
Pero en mayo de 2014 la Fiscalía decidió prescindir de la acción penal contra él. La decisión fue conocida a través de una constancia emitida el 6 de agosto por el Ministerio Público a favor de Shackelford Vaughn, en la que literalmente se lee: “Nuestros registros indican, que en el caso del ciudadano Gerald James Shackelford Vaughn, se acusó y en fecha veintisiete de mayo del año dos mil catorce se prescindió de la acción penal en su contra”.
LA PRENSA buscó en el expediente judicial electrónico del caso la decisión de la Fiscalía, pero no rola en ninguna de las instancias en que se ventiló el proceso. “La Fiscalía no puede decidir por sí y ante sí de algo que ya salió de sus manos”, recalcó Novoa.
NO CONTRADICEN
Después de hacer todas las investigaciones y circularlo con la Interpol, la directora de facto de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera, dijo que la Fiscalía no les ha botado el trabajo y que respetan las decisiones tomadas por otras instituciones del Estado.
“No creo que bote. No creo que podamos contraponernos dos instituciones que somos necesarias para la seguridad de este país. Se trata de no contraponernos, ni ustedes medios de comunicación deben tratar de contraponerlas a las instituciones que formamos parte de la justicia penal, sino de ayudarnos a que nos coordinemos, mejorar y hagamos un mejor trabajo cada una desde las facultades que tenemos, así que no vamos a contraponernos”, expresó Granera.
Mientras tanto, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís manifestó que no ha leído el documento, pero que la Fiscalía tiene esa facultad de prescindir de la acción penal.
PENAS INJUSTAS
Para los penalistas Álvaro Chica Larios, defensor del exmagistrado Julio César Osuna, y el abogado Carlos Chavarría, quien defendió en primera instancia a Henry y Pedro Fariñas, ambos acusados junto con Shackelford Vaughn, coinciden en que la Fiscalía debe dar los fundamentos del por qué decidió desestimar acusación, porque en la acusación lo señalan de ser la cabeza en el delito de lavado de dinero y si hay otros condenados por ese delito, no pueden excluirlo a él.
“La ley es taxativa con las formas de poner fin a un proceso penal y se debió citar a las partes a audiencia para plantear la situación y la PGR, como víctima, debió pronunciarse”, acotó Chavarría.
Chica Larios dijo que si la Fiscalía acusó que a través del Elite se lavó dinero, es ilógico que ahora diga que no lo va a acusar. “Entonces la condena que tienen los otros procesados es ilegal e injusta”, sentenció Chica.
LA PRENSA consultó al respecto, a través de relaciones públicas, a la Procuraduría General de la República, por ser la víctima en este caso, pero no se pronunció.
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