El exdiputado y candidato presidencial, Enrique Quiñónez, ha prolongado su polémica con las autoridades de transporte de Costa Rica, alegando supuesto atraso en la homologación de permisos nicaragüenses para que su empresa de servicio de transporte de pasajeros entre los dos países, Nicabus, inicie operaciones.
Por medio de la apoderada especial de Nicabus en este país, Karla Vanessa Rodríguez Martínez, Quiñónez pidió a la contraloría de servicios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), una apertura de proceso administrativo de investigación interna al Departamento Asuntos Jurídicos del Consejo de Transporte Público (CTP), dependencia de ese ministerio.
Rodríguez alega “estancamiento injusto y desproporcionado en la tramitación del expediente de Nicabus” en el CTP, cuyos trámites de operación los inició la empresa hace dos años.
Esto, a pesar de que el propio Quiñónez reconoció que adquirió los cuatro autobuses para reabrir su empresa en octubre del año pasado y presentó al CTP los permisos nicaragüenses, indispensables para la homologación y girados por el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), hasta mediados de este año; luego de tramitar la inscripción de placas en Nicaragua y a tres de ellos les adaptó la rampa para el abordaje de personas con discapacidad.
Dos permisos de operación de Nicaragua se presentaron al CTP para homologarse de manera permanente en junio de 2014. Los otros dos temporales fueron presentados en julio con fecha de emisión en Nicaragua de agosto 2014, un mes adelantado. Este adelanto de fecha, según Quiñónez, es para evitar que el permiso expirara, pero este detalle es considerado como anomalía por las autoridades costarricenses.
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