Antes del año 1979 existía en Nicaragua un sistema bipartidista, pues por ley solo podían participar el Partido Liberal Nacionalista, obediente a la familia Somoza (igual que ahora el FSLN es obediente a la familia Ortega) y el Partido Conservador de Nicaragua. A la vez existían varios partidos más: el Partido Social Cristiano (PSC), el Partido Liberal Independiente (PLI), el Partido Socialista Nicaragüense (PSN) y otros, pero ninguno de ellos tenía reconocimiento legal.
A principios de los años setenta el PSC recogió suficientes firmas de parte de la ciudadanía para tratar de obtener personería jurídica, lo que a la sazón estipulaba la legislación pertinente, pero por medio de mañas y artimañas del Gobierno, el PSC no obtuvo el reconocimiento que ameritaba, ya que en esa época era tercera fuerza política en el país.
El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) nunca buscó personalidad jurídica porque era un contingente militar subversivo clandestino, cuyo interés no era participar electoralmente sino derrocar al régimen por medio de las armas.
Ante aquella realidad, los partidos políticos interesados en participar en elecciones o en demostraciones de fuerza opositora se aliaban con el Partido Conservador, pero siempre existía beligerancia opositora a la dictadura dinástica-militar de ese período de la historia. En la actualidad, la nación atraviesa por otra situación; no obstante, siempre la camarilla en el poder juega a gusto y antojo con la legitimidad de los grupos políticos organizados por los opositores al gobierno de turno.
De todas maneras, lo que en verdad importa dentro de un régimen espurio no es la legalidad, sino la fuerza, la solidez, la consistencia de las organizaciones políticas, sociales, económicas o de cualquier otro orden, pues participar con personalidad jurídica, pero sin fuerza representativa —con el fin de obtener prebendas o sinecuras para un grupo reducido de personas— es hacerle el juego al poder enquistado en la sociedad.
El Consejo Supremo Electoral (CSE) de estos tiempos concede y suprime personería jurídica a quien se le antoje, así que ¿de qué sirve participar en una farsa electoral de ese tipo? Pero entonces, ¿cuál es la solución? Siempre hay más de una alternativa. No es solo cuestión de decidir si se participa o no en los próximos comicios, sino que hay que enmarcar ese objetivo dentro de una estrategia que trascienda la fecha electoral. Lo cierto es que mientras los grupos desafectos al ilegal gobierno actual continúen entrampados en el truculento juego electoral vigente, el sátrapa y su corte seguirán riéndose a sus anchas.
En todo caso, no se debe descartar la creación de condiciones adecuadas para una efectiva participación en cualquier contienda electoral, pues el error en la Nicaragua del 2014 no es participar en elecciones, sino concentrar todos los esfuerzos y cifrar todas las esperanzas en los próximos sufragios, como si se estuviera viviendo en un Estado de derecho que garantiza una votación libre, democrática, justa y transparente.
Por lo tanto, el desafío es al menos doble. Primero: Lograr que todo el andamiaje y sustento del Consejo Electoral actual pase por un proceso de absoluta limpieza inmediata y duradera; y en segundo lugar (que debería ser lo primero), desarrollar la facultad creativa de la oposición, la capacidad de forjar una amplia coalición monolítica, la entereza de mantener no solo un discurso convincente, basado en propuestas viables y confiables, sino que también atreverse a mantener honestidad y coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, por encima de toda la tramoya totalitaria.
El autor fue sindicalista cristiano.
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