El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) ha asumido, como es su deber, la defensa de los empresarios que son víctimas de las arbitrariedades del Gobierno por medio de la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Dirección General de Ingresos (DGI).
El miércoles de esta semana, el Cosep hizo llegar al Gobierno una lista de 22 casos específicos, debidamente documentados, de incumplimientos por parte de la DGA y la DGI de sentencias o resoluciones del Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo (TATA), de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio de Hacienda. Dicha lista fue enviada al gobierno del inconstitucional presidente Daniel Ortega a través de su asesor económico, Bayardo Arce, enlace gubernamental con el sector empresarial.
Los casos más comunes de arbitrariedades que se cometen en las entidades gubernamentales mencionadas, según el Cosep, se refieren a “incumplimientos de plazos establecidos para la entrega de la mercadería, solicitudes de devolución de montos de impuestos pagados de más, así como la inhabilitación de agencias aduaneras por dudas de valor”. Así lo informó el presidente del Cosep, José Adán Aguerri, en conferencia de prensa ofrecida el miércoles 17 de septiembre corriente.
No obstante, los abusos de la DGA y la DGI son muchos más que los documentados en la lista mencionada. Según explicó Aguerri “a diario las diversas empresas asociadas a las cámaras del Cosep remiten quejas por los obstáculos que enfrentan, como la sobrevaloración de la mercadería importada, retrasar el desaduanaje, no devolver las garantías para liberar la mercadería, entre otros”.
Debemos agregar que no solo el Cosep se queja de los abusos de la DGA y la DGI. También el Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), le planteó la semana pasada al Gobierno, por medio del mismo asesor económico presidencial, los perjuicios que les causa la DGA por la retención de mercaderías por más tiempo del que establecen las normativas de desaduanaje, y otros problemas específicos. De manera que es unánime la queja de los empresarios privados independientes, de todos los tamaños, por las arbitrariedades de los organismos aduanero y fiscal.
A fin de tratar de justificar a la DGA y la DGI, el asesor económico presidencial expresó que las trabas que pone se deben al afán de controlar el contrabando y la defraudación fiscal. Sin embargo, sin mencionar por su nombre a Arce el presidente del Cosep rechazó su pretendida justificación, al señalar que es inaceptable “la teoría de algunos funcionarios” de que todos los comerciantes actúan pensando en violentar las leyes aduaneras y fiscales.
La verdad es que para los funcionarios de mentalidad totalitaria que controlan las direcciones de Aduana e Ingresos, todos los empresarios —salvo los de su propio partido y los amigos que gozan de protección gubernamental— son potenciales contrabandistas y defraudadores fiscales y los tratan como tales. Y cuando se trata de demócratas militantes reconocidos y por lo tanto opositores al régimen orteguista, como es el caso del empresario conservador Luciano García, los mecanismos estatales de Aduanas e Ingresos son utilizados descaradamente como instrumentos de represalia política.
