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Piden respeto a la propiedad

En El Panamá, Tola, se oponen al censo chino y Al Canal

21/09/2014

Varios pobladores de la comunidad rural de El Panamá, en el municipio de Tola, se concentraron en el pozo comunal y claman por más información sobre los proyectos chinos. LA PRENSA / R. VILLARREAL

Habitantes de la comunidad rural de El Panamá, en el municipio de Tola, Rivas, urgieron respuestas alrededor de la construcción del Canal y la posible afectación que tendrían sus propiedades, dejando claro que no están dispuestos a abandonar sus viviendas para dar paso a los subproyectos de la obra.

También se sumaron a la Comisión Departamental para la Defensa de las Propiedades de la Población afectada por la Construcción del Gran Canal, que está integrada por pobladores de varias comunidades de Potosí y Buenos Aires quienes han alzado su voz contra el censo chino y el Canal.

“Yo tengo arraigo en este lugar, aquí nací y aquí me quiero morir, y ni que me paguen bien me quiero ir de aquí”, detalló Sandra López, de 46 años, nativa de El Panamá.

López relató que uno de los miembros de la Procuraduría General de la República (PGR), que anda en los grupos que realiza el censo chino, le dijo que en esa zona se realizará uno de los subproyectos y que en su momento los pobladores tendrán que negociar y desocupar.

Luis Felipe Guzmán dijo que en su familia se opusieron al censo chino y no les permitieron que tomaran medidas ni les facilitaron los datos de su familia. “Ellos quieren venir a hacer una zona de libre comercio aquí, otros dicen que una ciudadela, pero nosotros la mayoría no nos queremos ir, porque vivimos de la agricultura y estas tierras son buenísimas para producir, todo lo que sembramos cosecha muy bien”, argumentó.

Felipe Santiago Zapata Jiménez, de 57 años, manifestó que no desea deshacerse de las cinco manzanas de tierra que ocupa para sembrar sus cultivos pues “de ahí sacamos el arroz y los frijoles que nosotros mismos cosechamos”.

Juan Carlos Lanzas, de 37 años, aseguró que posee tres manzanas de tierra en la comunidad de El Panamá que es herencia de sus padres, “y esa tierra yo también quiero heredársela a mis hijos, y por eso no estamos dispuestos a vender ni un pedacito de tierra”, enfatizó.

RESPETO

La alcaldesa sandinista de Potosí, municipio de Rivas, Maritza Martínez, junto con dirigentes del Frente Sandinista de ese municipio, llegaron a la comunidad de Santo Domingo Piche, donde sostuvieron un encuentro en la casa de don Raúl Montano, y trató de convencer a los pobladores que en el sector no había ningún subproyecto, y les refirió que eran manipulados por la derecha, relató la pobladora María Félix Reyes.

Según Reyes, la respuesta de los pobladores fue inmediata y les dijeron que en ningún momento los están manipulando y que los pobladores lo que quieren es conocer qué va a pasar con ellos.

“Yo fui una de las que pregunté que si no hay ningún proyecto, por qué a mi hija le dijeron que no siguiera construyendo, y la alcaldesa (Maritza Martínez) no respondió mi pregunta”, expresó Reyes.

Los dirigentes de las organizaciones que aglutinan a las empresas del sector privado, insisten en que usarán los puestos que tienen asignados en la Comisión Asesora del Gran Canal, para velar porque se respeten los derechos de propiedad de los afectados y que los acuerdos a los que se llegue con los afectados garanticen beneficios para estos.

“Estamos atentos a que desarrolle el levantamiento del inventario y vamos a estar haciendo lo que corresponda para asegurar que cumplan con el compromiso que adquirió el Gobierno y la empresa con las potenciales personas afectadas”, indica el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri.

Igualmente la posición de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) es que “este es un proyecto de nación que puede traer muchos beneficios a los nicaragüenses. No obstante, para que se lleve a cabo con esa mira positiva el tema de la propiedad tiene que ser tratado con suma delicadeza”, afirma el presidente de la organización Alfredo Artiles.

Aguerri en tanto, reconoce que proyectos de este nivel de envergadura tienen este tipo de costo y lo que se debe hacer es garantizar que al final de la negociación los afectados queden en mejor situación que antes de ceder sus propiedades.

Artiles asegura que uno de los motivos por el que aceptaron que Diego Vargas y Humberto Corrales los representaran en la Comisión Asesora del Gran Canal, fue precisamente para garantizar que la negociación de las propiedades afectadas sea de acuerdo con la ley y con miras a la justicia.

Aguerri, en tanto, recuerda el llamado que hizo durante la celebración del Día del Empresario el pasado 9 de septiembre, cuando reiteró que a pesar del rechazo del recurso por inconstitucionalidad parcial que presentaron, continuarán trabajando en el aseguramiento de la defensa de los derechos de propiedad de los potenciales afectados y estarán atentos a que se cumpla el compromiso de revisar caso por caso y que todos los afectados deben quedar en mejores condiciones a las previas a la entrega de las propiedades.

 

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