El Ministerio Público de Costa Rica planea acusar oficialmente en octubre a exfuncionarios gubernamentales y empresarios constructores señalados de corrupción en la apertura de la carretera fronteriza con Nicaragua, insistió el Fiscal General, Jorge Chavarría.
Chavarría negó que haya impunidad al segurar que el atraso para completar la acusación abierta desde mayo 2010, cuando la propia mandataria Laura Chinchilla denunció algunas irregularidades, se debe a la espera de informes de análisis contables de recursos invertidos en la carretera, los cuales elabora el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
“Dependemos totalmente del OIJ” para acusar, ha dicho Chavarría; al tiempo de reconocer que los auditores de este organismo están saturados con análisis de varios casos, pero asegura que el escándalo de “La Trocha Fronteriza”, como le llaman en Costa Rica, irá a juicio por el gran trabajo de la Fiscalía recolectando evidencias.
Después de que Chinchilla anunció la existencia de irregularidades que le valió el puesto – sin estar involucrado en corrupción – a su ministro de transporte, Francisco Jiménez, la Fiscalía abrió una causa penal y realizó en varios meses 56 allanamientos por todo el país, para confiscar pruebas.
Los principales acusados de un total de 27 imputados por el destino de 40 millones de dólares, son el ingeniero Manuel Serrano y el técnico Miguel Ramírez, ambos funcionarios separados del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
También los empresarios constructores Geovanni Baralis, David Castillo y Johnny Muñoz. Todos permanecen en libertad condicional. Son acusados de los delitos de prevaricato y peculado.
El ex director del Conavi, Carlos Acosta, otro acusado, goza de libertad plena al colaborar con la fiscalía en la investigación.
De elevarse ajuicio, el Ministerio Público cuenta con 131 testigos para esta acusación. Chavarría también justificó la lentitud del proceso por la revisión de facturas para detectar las irregularidades de los involucrados.
El fiscal de Probidad y Anticorrupción, Juan Carlos Cubillo, asegura que la acusación está bien fundamentada para elevar a juicio el proceso, decisión que debe tomar un juez de etapa intermedia. Los 2 ó 3 informes contables que remitirá el OIJ, se sumarán a 11 más que preparó el Ministerio Público.
Según la fiscalía, los empresarios constructores les pagaron una fiesta a los dos funcionarios del Conavi que supervisaban la apertura de la carretera en un centro nocturno de San José, hasta por un valor cercano a los 5 mil dólares (de acuerdo con el tipo de cambio actual), un viaje a Estados Unidos y un tour de placer en helicóptero.
Como irregularidades graves también encontró obras “en las cuales se aumentaron las horas de trabajo de las maquinarias, maquinaria que no trabajó, maquinaria que aparece con reportes de estar trabajando en dos sitios a la vez, etc, etc”, de acuerdo con Chavarría.
